El Gobierno adoptará las "medidas necesarias" si el Govern no envía sus gastos

El Gobierno central podría pagar los sueldos de los funcionarios de la Generalitat a partir de este viernes. Tal situación, inédita en el estado de las autonomías, es una de las posibles consecuencias del paquete de medidas de "control de la gestión y destino de los fondos públicos" destinados a Cataluña que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros este viernes.

Los puntos a aprobar tienen como fin impedir que el Ejecutivo de Puigdemont use dinero público para la organización del referéndum ilegal previsto para el 1 de octubre. El Gobierno pretende con ello intensificar la vigilancia de los números, asumiendo directamente el pago a proveedores de la Generalitat e incluso las nóminas de los funcionarios, según fuentes del ministerio mencionadas por RNE y El País.

El Gobierno reacciona así después de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, comunicara a Hacienda que no iban a enviar a Madrid las certificaciones semanales de cuentas del Govern, tal como se le había requerido por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 21 de julio.

Además, Junqueras ha argumentado que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlament para regular y garantizar la celebración del referéndum es incompatible con esa decisión de la Comisión Delegada.

Entre las medidas que saldrán del Consejo, fuentes consultadas por Europa Press explican que estas irían encaminadas a la gestión directa del dinero que se ingresa a la Generalitat de Catalunya como pagos a cuenta del sistema de financiación autonómica.

La partida de gasto social es el grueso de los Presupuestos tanto del Estado como de cualquier comunidad autónoma ya que engloba los gastos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

"No es un control político"

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, dirigió en la tarde del jueves una misiva a la Generalitat en la que amenazaba con las "medidas necesarias" para que se ajustaran a la legislación vigente.

De igual modo, Montoro recuerda que la reglamentación aprobada por el Parlament hace una semana no tiene vigencia al ser anuladas por el Tribunal Constitucional, al tiempo que niega que la decisión que siga se deba a un "control político", como censuraba Junqueras la víspera.