Esquerra Republicana encargó el pasado mes de julio y en secreto un informe que estudia las consecuencias de que Cataluña quede fuera de la Unión Europea. La petición del dictamen jurídico, encargado a la consultora Advertia, llegó el pasado 29 de julio, en mitad de las manifestaciones públicas del Govern que aseguraba precisamente lo contrario: que una Cataluña independiente seguiría unida a la UE y no tendría problemas para seguir en el euro.
El dictamen encargado por ERC y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, explica textualmente que "quedarse fuera de la Unión, motu propio o por fuerza, significaría para la Unión poner en marcha, a su costa, un Brexit 2 donde debería restituir al nuevo Estado, aún más competencias que las que se negocian con el Brexit actual".
Es decir: que la salida de Cataluña de la Unión Europea tendría un lado bueno; la recuperación de las competencias que, en el caso de todos los estados miembros, están ahora en manos de Bruselas. Eso, de facto, reconoce que Cataluña quedaría fuera del espacio Schengen, del euro y de cualquier beneficio derivado de su adhesión a la UE. El documento reconoce además que Cataluña tendría que seguir "otro camino paralelo" y quedar fuera de la OTAN.
Junqueras dijo que era "imposible"
Mientras Esquerra Republicana encargaba este informe y pedía textualmente a los contratados que su elaboración fuera "confidencial", las manifestaciones de sus responsables y de sus socios de Gobierno iban en una dirección completamente opuesta. El 26 de mayo, el propio Oriol Junqueras, máximo responsable de ERC abordaba públicamente esta cuestión y declaraba que la salida de Cataluña de la UE "No solo es imposible, sino que además no le conviene a nadie. Y lo que es imposible no puede ser. Así que tranquilidad absoluta".
En la misma línea y mucho antes, fue el presidente autonómico, Carles Puigdemont, aseguró el pasado 20 de febrero en Francia que "los siete millones de catalanes continuarán siendo ciudadanos de la UE". Y sobre la OTAN fue Artur Más quien declaró el 5 de marzo de este año en una conferencia en EEUU que una Cataluña independiente "actuará como un Estado responsable que cumple con los compromisos de la OTAN". Como última muestra, el pasado 10 de septiembre fue de nuevo Oriol Junqueras, cuando su partido ya conocía las conclusiones de este informe, quien en una entrevista en televisiva aseguró que Cataluña seguiría dentro de la UE y teniendo el euro como moneda.
Sobre el papel, el documento fue encargado el pasado 29 de julio por ERC y elaborado por una comisión de juristas "con la mayor objetividad posible" y que declaran "no tener intereses por ni con cualquiera de las partes peticionarias". Pero basta citar al principal ponente, el abogado Josep Jover, para descartar esa tesis. Fue la propia ERC quien anunció el pasado 2 de agosto -un mes antes de que concluyera el estudio- la contratación del letrado para defender los intereses independentistas en Bruselas.
“El objetivo es que Jover cree un equipo multidisciplinar y que éste se integre al equipo jurídico actual de ERC gestionando la acción jurídica a nivel internacional en este tramo decisivo del proceso”, decían entonces los republicanos catalanes. El informe, presentado como un documento pericial, está firmado por catorce personas que trabajan coordinadas por el abogado a sueldo de la formación independentista.
Días después de conocerse su contratación y en plena elaboración del documento reproducido en esta información, Josep Jover, concedió una entrevista a El HuffPost dónde se mostró partidario de que Cataluña no entre en la Unión Europea durante los primeros años de una hipotética independencia.
La 'Viquipedia' como fuente
Sin embargo, el documento encargado por ERC no versa únicamente sobre la salida de Cataluña de la UE. A lo largo de 67 páginas, los 14 expertos firmantes -entre los que se encuentra por ejemplo David Companyon i Costa, exdiputado de ICV en el Parlamento de Cataluña- tratan de argumentar que los políticos catalanes no deben acatar la decisión del Tribunal Constitucional para ilegalizar el referendum, ya que España tendría esas competencias transferidas a la UE. Y por tanto, sólo el Tribunal de Justicia de la UE sería competente para tomar una decisión similar.
En el grueso del informe, los expertos argumentan que España tiene transferidas a la UE el 85% de las competencias, por lo que, a su juicio, no es soberana para decidir sobre si las leyes aprobadas en su territorio son o no constitucionales. El rigor del trabajo es tal que los expertos acuden como fuente a Viquipedia (la versión en catalán de la enciclopedia libre) para definir posiblemente el concepto más importante de todo el trabajo, el de "la soberanía nacional".
En todo el trabajo, no se refleja un solo punto del articulado, ni en España ni en la Unión Europea, que permita la independencia unilateral de una región integrada en un estado miembro. Sin embargo, los firmantes consideran que el Artículo 4 punto C del Tratado Fundacional de la UE (sobre la cohesión económica, social y territorial) legitima que sus demandas sean respondidas por el Tribunal de Justicia de la UE y no por el Constitucional español.
Para terminar, el estudio incluye a modo de conclusiones, valoraciones sin objetivar a las que no se hace mención alguna en todo el documento: frases como "Los 28 Estados han cedido soberanía a la Unión Europea, algunos más, y algunos menos. España posiblemente el que más" o "España se ha ganado con creces la fama de ser el país más incumplidor y el de tener la judicatura más reacia", vertida sobre la forma de aplicar el Derecho comunitario y sin citar una sola fuente.