Nueva operación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción contra la corrupción catalana. Desde primera hora de la mañana se ha lanzado un operativo dirigido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona sobre irregularidades en la empresa del agua en la época en la que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, era acalde de la localidad.

Este asunto comenzó con una querella de uno de los actuales socios del presidente catalán en su andadura independentista, la CUP.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el juez ha ordenado requerir al Ayuntamiento de Girona para que entregue toda la documentación respecto a los contratos con Agissa, a través de la cual se habrían detraído cerca de un millón de euros anuales.

Además, se están realizando registros relacionados con los principales investigados.

En la causa, el juez Manuel Marcello, tiene investigados a quien fuera consejero delegado hasta junio de 2016 de Agissa, Narcis Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos de fondos hacia empresas privadas.

La operativa investigada comenzó hace 15 años con los antecesores del actual presidente de la Generalitat y, según se desprende de la investigación, éste lo perpetuó.

En la causa está incorporado un informe de la Agencia Tributaria, adelantado por este diario, que señala directamente a la gestión de Puigdemont. El documento refleja cómo se "amañó" para facturar cada año ocho millones de euros públicos y falsear las cuentas de una empresa mixta participada por el Ayuntamiento, Agissa.

El informe, fechado el 23 de marzo de este año, analiza la facturación de la sociedad mixta Agissa, participada tanto por una empresa privada (Girona SA, controlada por el empresario Narcís Piferrer) como por tres ayuntamientos (Girona, Salt y Sarrià de Ter).

La empresa nació en 1992 para asumir el suministro de agua de los tres municipios catalanes y según los técnicos de Hacienda, desde entonces, ha falseado sus cuentas para favorecer a la empresa privada y perjudicar, con conocimiento de los propios ayuntamientos, a sus habitantes.

Para la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria, estos hechos revisten indicios delictivos y serían responsables los miembros de los órganos de Gobierno de los ayuntamientos, además de la empresa Agissa y Girona SA.

El saqueo ahora investigado comenzó en 1998, cuando en el convenio que recogía la forma de repartir los fondos obtenidos entre Agissa y los ayuntamientos se sustituyó la expresión "los beneficios generados se distribuirán" por "el margen bruto de negocio se distribuirá". El cambio en la frase significa básicamente que el dinero que se reparten los socios se multiplica de forma exponencial, independientemente de los gastos que tenga la empresa.

7 millones de deudas

Los ingresos que recibía Agissa por gestionar el agua de los ciudadanos de esas localidades se repartía como dividendos entre Girona SA y los tres ayuntamientos. El problema es que esto se hacía antes de descontar a los ingresos los gastos derivados de la gestión.

Por tanto, Agissa fue acumulando deudas, que alcanzaron los 7 millones de euros, cuando podría haber llegado a tener en beneficios 10 millones de euros, si hubiera actuado correctamente.

La realidad era que "se repartían todos los ingresos". Llegaron a desembolsarse hasta los "pírricos 10.000 euros que ha percibido Agissa por los fondos que tiene en sus empobrecidas cuentas bancarias". Pero el desfalco iba más allá. Este reparto de dividendos se los facturaban y así pagaban menos impuestos. En una palabra, Hacienda concluye que la consecuencia de esta mecánica ha sido la "descapitalización" de la entidad.

"Es totalmente incongruente desde el punto de vista económico", explican los expertos de Hacienda, en una medida que fue perpetuada en 2013, con Puigdemont ya como alcalde (2011-2016).

"Existen distintos y variados indicios de que, no solo desde luego en el año 1998 cuando se introdujeron las modificaciones al Convenio de 1992, sino a lo largo de todos estos años, los responsables de los Ayuntamientos no sólo habrían dejado de ejercer sus funciones de control procedentes sobre las actuaciones de Girona SA y Agissa, sino de que tendrían conocimiento de dichas actuaciones en cada momento", sostienen los técnicos.