El gozo independentista en un pozo. Las entidades financieras que trabajan con la Generalitat van a controlar todos sus movimientos bancarios. De este modo, 'pasan' de la advertencia lanzada por el vicepresidente, Oriol Junqueras, en la que les instaba a no cumplir las órdenes del Gobierno.

Fuentes del sistema financiero aseguran a EL ESPAÑOL que no hay lugar a las dudas. Tras la orden de no disponibilidad presupuestaria, firmada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sus cuentas quedan bloqueadas y bajo supervisión.

De este modo, se avanza en el acuerdo alcanzado por la Comisión Delegada el pasado viernes, y que fue recurrido ante el Tribunal Supremo por parte del gobierno catalán, y en el que reclaman su suspensión.

El sector financiero trabaja bajo las premisas enviadas por las patronales bancarias, AEB y CECA, basadas en informes jurídicos sobre la cuestión. En ellos se concluye “sin ningún género de dudas” que el mero hecho de interponer dicho recurso “no produce por sí mismo efecto suspensivo alguno sobre el acto administrativo impugnado”.

De este modo, se despejan todas las dudas que pudieran surgir a los bancos que operan a Cataluña. En especial a BBVA y Caixabank, que son quienes tienen adjudicada la gestión de las cuentas de la Tesorería de la Generalitat.

Así que el sueño de Junqueras de que la banca se volviera contra el Ejecutivo queda en una mera quimera. De hecho, la banca insiste, una y otra vez, en que "cumplirá con sus obligaciones” de control.

Así funciona

¿Qué significa? Que a partir de ahora cualquier pago que quiera efectuar la Generalitat, tendrá que ir acompañado de un certificado del Interventor. En él debe constar a qué van destinadas esas cantidades y “certificar que no se financia ninguna actividad no amparada por la ley, ni contraria a las decisiones de los tribunales”. Es decir, que no se destina a pagar gastos del 1-O.

Además, explican que si no existiera dicho informe, los bancos exigirán a Junqueras que presente la declaración responsable. Un documento firmado por la persona ordenante del pago, pero en el que debe constar también la firma de “los titulares de las entidades”, según exige el Gobierno.

Ambos documentos deben ser trasladados al ministerio de Hacienda, y en caso de que esto no ocurriera “dará lugar a la eventual exigencia de las correspondientes responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal”.

En el caso de que algún banco intuyera que puede haber operaciones sospechosas debe notificarlo también al Ministerio de Hacienda. Esto -en la práctica- obliga al control de los movimientos internos de las cuentas y tarjetas de crédito.

Se trata, explican, de un procedimiento similar al establecido para detectar ingresos o pagos procedentes de actividades ilícitas, y que las entidades financieras efectúan a diario. Sin embargo, supone un reto, según reconocen fuentes del sector.

Sin peligro para las nóminas

Evidentemente para que el procedimiento pueda funcionar, es necesaria la colaboración de los funcionarios de la Generalitat. Por eso, este miércoles el ministro ha lanzado una advertencia a quienes tengan intención de no cooperar: “pueden incurrir en responsabilidades penales y responderán con su patrimonio”, ha dicho.

También ha querido despejar las dudas sobre la posibilidad de que los funcionarios no cobren sus nóminas. Algo que debe ocurrir la semana que viene. Pide tranquilidad porque el Gobierno, ha dicho, ya busca la manera de conocer el importe de las mismas para pagarlas si no hubiera cooperación por parte de la Generalitat.