El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con 278 votos a favor y 65 abstenciones el primer pacto contra la Violencia de Género que incluye 200 medidas en los ámbitos institucional, educativo, laboral, judicial, de asistencia y de visibilización para acabar con esta lacra. El Gobierno cuenta ahora con un plazo de dos meses para empezar a aplicar un nuevo plan.
El debate lo cerró la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que mostró el compromiso del Gobierno para luchar contra esta lacra: "No vamos a descansar ni un minuto para conseguir este acuerdo histórico. Hoy es un comienzo y un día de esperanza para las mujeres que han sufrido la violencia machista". El compromiso económico destinado a esta materia supondrá un incremento de mil millones de euros más durante cinco años: 100 para los consistorios, 500 para las autonomías y 400 para el Gobierno.
Entre las medidas acordadas, destaca la que permitirá a los servicios sociales y sanitarios acreditar a víctimas de violencia de género que no hayan presentado denuncia; o la introducción de asignaturas obligatorias y evaluables sobre violencia de género en las carreras del ámbito judicial, educativo, sanitario y policial.
La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, reconoce a EL ESPAÑOL que "es muy importante que en España hayamos creado el marco para aplicar el convenio de Estambul, donde están incluidas todas las formas de violencia. Ahora tendremos que ver el desarrollo legal de leyes como las de la trata o de las agresiones violentas. Es inexplicable que la unidad se haya roto por una abstención que no entendemos, porque las medidas son útiles para todas las mujeres".
Los cambios que la socialista ve en la vida de aquellas mujeres que sufren violencia es que con este acuerdo "se abre la vía al trabajo para actuar de manera integral contra todo tipos de violencia". Además, Álvarez destaca que "se reconoce también a las mujeres cuyos hijos han sido asesinados", como el caso de Ruth Ortiz. Y, además, "se lucha contra la llamada violencia vicaria, que es la que va indirectamente contra la mujer a través de la violencia contra los hijos".
Cambio de modelo
Con este impulso, Álvarez ve "un cambio de modelo, la implicación de todas las administraciones, desde la local, los centros locales y sanitarios, en la detención temprana de casos".
Ciudadanos calificó de "hito del parlamentarismo español" este acuerdo. La diputada que lo defendió, Patricia Reyes, destacó lo importante que es que las víctimas vean "gestos de unidad y firmeza". En declaraciones posteriores para EL ESPAÑOL, la diputada naranja destacó que la ley "recoge todas las formas de violencia machista y las medidas a aplicar".
Una de las correcciones que pretende aplicarse con este nuevo paraguas legislativo es que víctimas como la joven que sufrió un acoso múltiple en las fiestas de San Fermín del año pasado "no tenga que ir cada dos por tres a Pamplona a declarar. Debería ser atendida en un juzgado especializado en violencia machista". Reyes también destaca que se abren nuevas medidas en "prevención, educación y formación" para intentar que el 80% de mujeres asesinadas que no denunciaron a sus agresores no vuelva a producirse.
La abstención de Podemos
Ciudadanos destaca también que se haya devuelto a los ayuntamientos las competencias en esta materia para atender y detectar casos donde mujeres pueden ocultar que están siendo víctimas de violencia machista. Además, critica abiertamente la abstención de Podemos en este acuerdo. "Devalúa el pacto. Todavía queda muchísimo por hacer".
Entre las medidas que incluye el histórico acuerdo destaca prevenir en todas las etapas educativas sobre qué es y qué consecuencias tiene la violencia de género, así como ampliar el concepto de violencia de género o la supresión del atenuante de confesión, entre otras. Todos los grupos han subrayado la fortaleza que supone que este pacto haya surgido del consenso de todos los grupos y que todos hayan buscado una posición común para beneficiar a las mujeres.