El gerente de dos hoteles de Pineda de Mar (Barcelona) que aloja a antidisturbios de la Policía Nacional desplazados a Cataluña ha asegurado en un comunicado que ambos establecimientos se han visto obligados a desalojarlos "bajo la amenaza de cierre durante cinco años" por parte del Ayuntamiento.
En el comunicado, difundido a través de las redes sociales, el gerente indica que, "debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar, nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante 5 años, a desalojar el contingente de Policías Nacionales de dos hoteles, Chekin Mont-Palau y Chekin Pineda el día 3/10/2017 antes de las 16.00 horas".
Varios centenares de personas protestaron anoche ante estos hoteles con gritos de "Independencia" o cánticos de 'Els Segadors', mientras los Mossos d'Esquadra protegían el establecimiento hotelero con varias furgonetas de los antidisturbios aparcadas frente a él.
Durante la concentración, se vivieron momentos de tensión, especialmente cuando los Mossos hicieron un pasillo para que entrara un grupo de policías nacionales, que fueron recibidos por sus compañeros ya instalados en el interior del hotel con gritos de "España" y "Que nos dejen actuar", según imágenes emitidas por TV3.
Hasta el establecimiento se desplazaron responsables municipales y, poco después, el Consistorio emitió en su cuenta de Twitter el mensaje de que "la primera teniente de alcalde de Pineda de Mar negocia con los gestores del hotel Montpalau" y ha conseguido el "compromiso" de que los policías nacionales marcharon hoy.
Tras salir del hotel la edil, Carme Aragonés, del PSC, se ha dirigido a los concentrados asegurándoles que hoy los agentes se marcharían, lo que fue recibido con alborozo por los manifestantes.
En declaraciones a laSexta, Aragonés ha aseverado que ha habido una negociación con la dirección de los hoteles para que se marcharan lo antes posible "porque los ánimos están irritados" y "esta situación ponía las calles en riesgo y no valía la pena".
La teniente de alcalde ha negado amenazas ni "ninguna medida de fuerza" contra los hoteleros, y que la decisión de éstos se produjo tras una larga negociación.
Las concentraciones ante hoteles que alojan a agentes antidisturbios, comisarías de policías y cuarteles de la Guardia Civil se reprodujeron anoche en diferentes puntos de Cataluña, con manifestantes que hacían sonar cacerolas y lanzaban gritos como "fuera las fuerzas de ocupación".
Entre otros lugares, hubo concentraciones en los cuarteles de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona; en el de la localidad barcelonesa de Manresa; y en el de Sant Carles de la Ràpita, en Tarragona; en la comisaría de Policía de Reus (Tarragona) y en un hotel de La Seu d'Urgell (Lleida) que también aloja a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Todos estos episodios se produjeron después de que varios hoteles de Calella (Barcelona), entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, instaran ayer a 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonen sus instalaciones tras la presión del Ayuntamiento de la localidad, del PDeCAT.
Fuentes policiales han indicado que en el caso de la Policía Nacional son 250 los antidisturbios que tendrán que buscarse otro alojamiento mientras permanezca el dispositivo desplegado en Cataluña.
La Fiscalía investiga las amenazas
La Fiscalía General ha recibido información sobre las expulsiones y va a investigar esos hechos y, sobre todo, si ha habido "amenazas o presiones ilegales" sobre los hosteleros para que se les cerraran las puertas.
La "información se está analizando para ver si procede iniciar actuaciones, si existen indicios de amenazas u otras presiones ilegales sobre los responsables de esos locales o los trabajadores de los mismos", dice una nota.
Fuentes policiales indicaron que en el caso de la Policía Nacional son 250 los agentes antidisturbios los que tendrán que buscarse otro alojamiento mientras permanezca el dispositivo desplegado en Cataluña.
Las fuentes han indicado que la propia alcaldesa de Calella, una localidad próxima a Barcelona gobernada por el PDeCAT, ha sido la que ha llamado directamente a los directores de los hoteles advirtiéndoles de que o echaba a los agentes o paralizaba licencias de reforma pendientes.
Gimnasios, bares y otros comercios que durante años se han favorecido por la presencia casi continua en la localidad de fuerzas de seguridad no han permitido la entrada a los agentes.
Esta situación ha sido denunciada también por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que, en un comunicado, además de relatar el caso de los hoteles, ha resaltado el acoso y hostilidad contra los guardias civiles que está provocando "situaciones muy difíciles en el seno familiar de trabajadores que hace hasta escasas fechas vivían plenamente integrados en Cataluña".