Cataluña ha funcionado a medio gas este martes por la huelga general convocada por un grupo de sindicatos minoritarios y de perfil muy diverso. La Generalitat continuó con su hoja de ruta y, antes de declarar unilateralmente la independencia, se ha apuntado otro tanto: llenar este martes las calles de gente y conseguir que la economía catalana se paralice durante un día. Mientras las horas pasan y la temperatura sube a marchas agigantadas, Mariano Rajoy se resiste a intervenir Cataluña antes de que Carles Puigdemont consume su desafío.
Los tiempos de Rajoy desquician ya en su propia casa. El Gobierno sigue dividido sobre la urgencia de aplicar -o no- ya el artículo 155 de la Constitución y tomar el control de Cataluña y evitar que sus dirigentes proclamen la independencia. Casi todos están convencidos ya de que el presidente actuará cuando Puigdemont proclame la independencia, pero las dudas ahora surgen sobre qué mecanismo utilizará el Estado para inhabilitarlos e intervenir la región.
Mientras los conservadores siguen en bucle y noqueados por la situación incontrolada de Cataluña, el PSOE pidió en el Congreso de los Diputados la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno para responsabilizarla políticamente de las cargas policiales del domingo.
El presidente del Gobierno mantuvo una reunión con la propia Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido y el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, en Moncloa para dar una orden que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil no abandonen los hoteles donde están hospedados en Cataluña. La madrugada del lunes al martes se produjeron escraches de independentistas radicales en hoteles donde están hospedados guardias civiles y policías que se han trasladado a Cataluña para participar en el despliegue contra el 1 de octubre.
"Amenazas"
La propia Santamaría habló ante los medios de comunicación a primera hora del día sin adelantar ni dar ningún detalle sobre los planes de Moncloa para parar el independentismo. La vicepresidenta se refirió a las "amenazas" del ayuntamiento de Pineda del Mar a los hoteles de esa localidad para que desalojen a los policías que dormían allí como un "comportamiento mafioso que no vamos a tolerar". Santamaría insistió que su Gobierno tomará "cuantas medidas sean necesarias para proteger los derechos de los catalanes".
Cuarenta y ocho horas después del 1 de octubre, la 'número dos' del Ejecutivo quiso remarcar que la situación está "absolutamente" controlada en una jornada en la que todos los estamentos de la sociedad se preguntaba dónde está Rajoy. La realidad, sin embargo, parecía bastante distinta a como la pintaba la vicepresidenta. A esa misma hora, muchas escuelas en Cataluña estaban; tres de cada cuatro trabajadores de la sanidad pública no habían ido a trabajar y había graves problemas para circular que había por las carreteras. Otro gol del independentismo a la portería del Estado.
El PSOE duda
Mientras el Gobierno sigue estudiando cuál es la mejor manera de neutralizar a los independentistas, el PSOE continúa dudando sobre qué apoyo debe dar al Gobierno, un respaldo sin fisuras que sí ha comprometido ya Ciudadanos. Para este miércoles se espera que la Mesa del Parlament introduzca en el orden del día del pleno que se debata la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Los independentistas podrían declarar la independencia en 48 horas y hacer coincidir su proclamación con la de Lluis Companys, que el mismo día del año 1934 se asomó al balcón de la plaza de San Jaume para proclamar el Estado catalán. Ahora solo falta por ver cuándo reaccionará el Gobierno a este desafío.