La fuga de empresas agrieta el separatismo y acorrala a Puigdemont

La salida de Cataluña de las sedes sociales de colosos como Sabadell, Gas Natural y Caixabank, así como el anuncio por parte de muchas otras de que saldrán de la comunidad autónoma en caso de que se proclame una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), supone la constatación de que el tejido empresarial catalán no está dispuesto a acompañar a Puigdemont en esta aventura, y ha provocado serias dudas internas sobre la viabilidad misma del proyecto separatista.

En los últimos días, tras el discurso del rey Felipe VI, algunas de las mayores empresas catalanas han ido anunciado la decisión de abandonar Cataluña. Sabadell irá a Alicante, Gas Natural, a Madrid y Caixabank, a Valencia.

Estas tres puñaladas en el pecho del independentismo son, en realidad, decisiones tomadas para proteger a los clientes, sean o no catalanes, de una posible DUI. Medidas de contención para asegurar los depósitos y evitar también que ningún hipotético corralito siembre dudas entre los ahorradores. Y han contado con el apoyo de un Gobierno que este viernes simplificaba los trámites para permitir dicha posibilidad.

Pero la decisión tomada por la banca es sólo una batalla de la guerra económica que se libra contra los planes de Carles Puigdemont. Otro frente es el de los consumidores. Varias empresas han anunciado la posibilidad de cambiar la sede en caso de independencia para protegerse de las iras de unos usuarios que, durante los últimos días, han clamado por el boicot de productos relacionados tradicionalmente con Cataluña. Los whatsapps de los españoles se han incendiado durante los últimos días con llamadas al boicot.

¿El mejor ejemplo de esto? Las tomas de postura de Freixenet y, especialmente, de Codorníu. Y decimos “especialmente” porque la bodega de la familia Raventós ha sufrido mucho por la implicación de la empresa Unipost en el 1-O.

El claro desmentido de Codorníu fue una bofetada metafórica a Carles Puigdemont, al desmarcarse de forma rotundísima contra el independentismo, al insistir en su condición de empresa española y al confirmar que, si Cataluña se queda, su sede social se irá.

Impacto sobre las balanzas fiscales

Ángel de la Fuente, el profesor de Fedea que participó en el cálculo de la nueva metodología de las balanzas fiscales explicó a EL ESPAÑOL que este cambio afectará a los cálculos pero que el efecto será “mínimo”. “Se traslada solo la sede social, no la operativa. Cambiará el sitio donde se ingresan ciertos impuestos, pero eso no afecta a los saldos fiscales pues los ingresos no se imputan con ese criterio. La única excepción a esto sería la recaudación del impuesto sobre actos jurídicos documentados que pueda corresponder a ciertos actos societarios que se pagan donde está la sede social”.

Además, vamos a tardar años en conocer los datos. Actualmente se están calculando las balanzas correspondientes al ejercicio 2015. Cuando se conozcan las de 2018, el primer año completo tras el cambio, la situación política podría ser muy diferente a la actual.

En el apartado puramente práctico, el cambio de sede social no supone menos ingresos para Cataluña, dado que el principal impuesto que paga una empresa es el de Sociedades y, por tanto, es de ámbito estatal. Sin embargo, en caso de continuar adelante con la desconexión, la Cataluña independiente perdería la posibilidad de ser ella misma la que recaude dichas cantidades.

Si llegara el momento, lo que tendrían estas empresas son establecimientos permanentes en un país extranjero. Por tanto, “tendrían que abonar el Impuesto de No Residentes por los beneficios obtenidos del negocio en Cataluña que recaudaría la Generalitat”, explica Javier Moreda desde Brocheta Abogados.

Dinero, por cierto, que probablemente luego podrían deducirse del Impuesto de Sociedades en España, por lo que no resultaría mucho más caro abordar el cambio.  

El resto de tributos se abonaría de forma similar; dado que habría que pagar retenciones, IVA y demás impuestos que impusiera el nuevo Estado “que serían similares a los de España”, dice Moreda. para evitar una fuga masiva de centros de actividad hacia España u otros países de la Unión Europea.

El auténtico quid de la cuestión radica en la inseguridad jurídica. El abogado explica que debe tenerse en cuenta que “las empresas reguladas o supervisadas por organismos españoles o europeos quedarían desprotegidas”, ya que dejarían de regir las normativas de la Unión Europea.

Aquí se explican, para el letrado, buena parte de las decisiones que se están adoptando en este momento. “De producirse la independencia se generaría un vacío regulatorio que genera una incertidumbre jurídica importante”, sentencia.

Unos términos en los que se expresan multitud de despachos de abogados que ya han recibido consultas sobre qué hacer; pero, sobre todo, qué puede ocurrir con el negocio y sus trabajadores en caso de continuar adelante la locura de la independencia.

“Estamos hablando de un Brexit sin reglas”, explica Román Gil desde Sagardoy Abogados. Razón no le falta, dado que en el caso del Reino Unido no sólo se ha cumplido la ley sino que se ha establecido una desconexión progresiva para que la legislación en todas las materias se vaya ajustando a las nuevas circunstancias.

Bloquear traslados de trabajadores

De hecho, algunos letrados que prefieren no aparecer públicamente reconocen su temor a que la Generalitat pudiera estar planteándose establecer medidas que bloqueen el traslado de trabajadores hacia España. Por tanto, asumen que la mejor opción es que aquellas que quieran ‘repatriar’ a sus trabajadores lo hagan lo antes posible.

Una consulta que parecer ser bastante más habitual de lo que parece estos días, unida a la de intentar conocer de qué manera les afectaría una Cataluña independiente. El letrado de Sagardoy explica que se puede hacer bajo el criterio de “movilidad geográfica”; por tanto, los empleados podrían trasladarse o bien acogerse a la extinción del contrato con una indemnización de 20 días de trabajo con doce mensualidades.

Ahora bien, estas consultas las hacen empresas medianas y grandes. Sin embargo, los pequeños empresarios, los de a pie de calle están más preocupados. Asociaciones empresariales de Cataluña explican a EL ESPAÑOL que muchos de sus asociados ya están notando el efecto de la independencia, y se preparan para lo que esté por venir.

¿El primer paso? Dotarse de cantidades de dinero en efectivo, ante el temor a que pudiera venir un corralito y no se pueda sacar el dinero del banco y, por tanto, no se pueda hacer frente a los pagos a proveedores y empleados.

Ruido de sables en el independentismo

El expresidente catalán, Artur Mas, sacudió también la jornada del éxodo al pedir prudencia ante una DUI y tras afirmar, en declaraciones al Financial Times, que la independencia no será real hasta que el bando independentista no se haga con el control de fronteras e infraestructuras, la Justicia y la posibilidad de recaudar impuestos directamente a los ciudadanos. A esos elementos clave les falta ahora, además, la presencia de multinacionales simbólicas que siempre se han considerado una parte esencial de la estructura económica catalana.

El ruido de sables fue constante durante todo el viernes dentro del independentismo. La noche del jueves estuvo marcada por el artículo del conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, en el que desaconsejó una DUI. Su importancia es innegable. Se trata de un miembro del Govern señalando un camino distinto a la independencia. Después llegó Artur Mas. 

Pero desde los sectores más independentistas siguen presionando por la declaración unilateral. La Generalitat proclamó los datos de manera oficial y según el artículo 4.4 de la ley de referéndum, en 48 horas debería consumarse la secesión. La CUP, por su parte, anunció que ya negociaba con Junts pel Sí el texto de la declaración de independencia. 

Sin embargo, se trata de movimientos contradictorios que evidencian que el independentismo, lejos de estar unido, tiene grietas que hace tan solo unos días parecían imposibles.