El presidente del Gobierno ha dado un ultimátum a Carles Puigdemont. Mariano Rajoy envió este miércoles por la mañana un requerimiento al presidente de la Generalitat en el que le da un plazo de cinco días para que conteste de forma muy explícita si "alguna autoridad" -él mismo o la presidenta del Parlament, Carme Forcadell- declaró la independencia "al margen de que esta se encuentre o no en vigor", según el escrito enviado en poder de EL ESPAÑOL. 

El Ejecutivo reconoce que tienen dudas sobre la declaración que hizo en el Parlament el martes el president Puigdemont y que por eso preguntan directamente a él que responda si la proclamó o no, aunque después suspendiera sus efectos. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario insisten en que este requerimiento es el último llamamiento para que el Govern vuelva a la legalidad. En el Ejecutivo hay quien todavía alberga alguna esperanza de que este llamamiento pueda tener algún resultado. De hecho, si el president responde que en ningún momento la declaró, Rajoy está dispuesto a no desarrollar el apartado segundo del artículo 155 de la Constitución.

En ese punto, la Carta Magna otorga al Gobierno que pueda adoptar "las medidas necesarias" para "obligar" a una autonomía el "cumplimiento forzoso" de sus "obligaciones" que la Constitución u otras leyes le "imponen". O, si fuera el caso, la "protección" del "interés general". Pero Rajoy todavía se resiste a tomar medidas coercitivas que podrían alterar el orden público en Cataluña y confía en que los dirigentes de la Generalitat reculen antes de que finalice el amplio margen de tiempo que les ha dado para contestar -ocho días-.

Requerimiento explícito

El requerimiento que se envió desde Moncloa hasta el Govern es muy explícito (vea el documento íntegro). En ese escrito, el Gobierno pide a Puigdemont que "comunique de forma fehaciente su respuesta afirmativa o negativa antes de las 10:00 horas del próximo 16 de octubre". Si no lo hace o la respuesta es que efectivamente declaró la independencia, Rajoy amplía el plazo tres días más para que dé marcha atrás en sus planes soberanistas.

Mientras Puigdemont piensa ya la respuesta que enviará a Moncloa, Rajoy y su equipo continúan manteniendo reuniones con PSOE y Ciudadanos para consensuar una respuesta única si finalmente hay que aplicar el artículo 155 en su totalidad. Fuentes gubernamentales se muestran confiados de que "todavía hay margen para la rectificación" de los dirigentes del Govern y confían en que este ultimátum no se convierta en una intervención real del Estado en Cataluña.

El presidente del Gobierno activó finalmente la maquinaria para frenar a los independentistas horas antes de su intervención en el Congreso. Fue él mismo quien solicitó dar explicaciones ante el Parlamento para explicar la situación que atraviesa Cataluña. Tras convocar a su Consejo de Ministros para dar luz verde al requerimiento, en Moncloa se vivió una mañana de infarto para consensuar cómo se haría público ese último llamamiento al orden.

Tras cambiar dos veces la mesa tradicional donde el portavoz habla tras el Consejo de Ministros, finalmente fue el presidente del Gobierno quien informó del paso dado en una declaración institucional sin preguntas. Rajoy se guardó para la tarde el secreto más preciado del día: qué plazo de tiempo le daba a Puigdemont para responderle. Finalmente fue ya por la tarde, cuando el Govern filtró a la prensa el requerimiento, cuando anunció los plazos.

Sin autocrítica

En el pleno monográfico sobre Cataluña que se extendió durante más de cuatro horas, Rajoy no hizo ni una sola autocrítica sobre su gestión y señaló como único culpable de haber llegado hasta aquí a Puigdemont. El presidente del Gobierno agradeció a PSOE y Ciudadanos su apoyo inquebrantable para mantener la unidad de España, pero tuvo que escuchar de boca de la portavoz socialista, Margarita Robles, y del líder naranja, Albert Rivera, reproches a su gestión y a la manera que entienden sobre cómo debe atajar el desafío independentista el Ejecutivo.

La intervención más esperada fue la del portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano. Desde la tribuna, dijo que le parecía una "imprudencia" rechazar "una oferta de diálogo de tiempo muerto amenazando con suspender la autonomía". El momento más tenso del debate fue cuando el propio Campuzano dijo que el discurso de Rivera había sido propio de un "falangista". El líder de Cs pidió la palabra por alusiones y Campuzano se negó a retirar ese término del Diario de Sesiones. Finalmente fue la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien lo hizo.