Un sindicato de mossos culpa a Trapero ante la Fiscalía por su plan para el 1-O

Si los Mossos d’Esquadra no pudieron cumplir la orden judicial de impedir el referéndum del 1-O fue por culpa de sus superiores. Esa es la tesis principal de un escrito presentado ante la Fiscalía por el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), que acusa al mayor del Cuerpo, Josep Lluis Trapero, y al resto de mandos de la policía autonómica de haber abocado a sus agentes a “una situación ingobernable” y “en unas condiciones absolutamente insuficientes”. Se trata del primer colectivo dentro de los Mossos que alza la voz contra sus superiores por el dispositivo previsto para la jornada de la consulta ilegal.

Hasta ahora habían sido testimonios de agentes, que pedían permanecer en el anonimato por temor a represalias. Pero ahora es un escrito formal de uno de sus sindicatos más representativos el que señala de forma directa a la cúpula de los Mossos por la actuación de sus agentes, que ha quedado en entredicho por la pasividad mostrada en los cientos de centros de votación habilitados por la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenaron impedir el referéndum.

A través de este escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el sindicato sale en defensa de los agentes de base al recordar que el incumplimiento del mandato judicial fue “una situación no creada” por ellos ya que “cumplían órdenes jerárquicas bajo un dispositivo y planificación policial que no permitía dar cumplimiento al auto emitido”. Explica que se establecieron equipos formados apenas por patrullas de entre dos y cuatro miembros: “se encontraban ante una afluencia masiva de personas que impedían el acceso de dichos agentes, imposibilitando el cese de cualquier actividad electoral”.

Permisos a los antidisturbios

Entre sus argumentos, el SPC afirma que “se concedieron todo tipo de permisos” a los agentes de las unidades antidisturbios de los Mossos. Al no estar operativos muchos de ellos, disminuyó la posibilidad de que prestasen “un importante soporte policial a los compañeros, impidiendo así un mejor cierre de los colegios electorales y la incautación de los efectos pertenecientes al referéndum, tal y como marcaba la orden (del TSJC)”. No tenían ni el “equipamiento necesario” para intervenir, ni había suficientes agentes para hacer relevos, denuncia el escrito firmado por el secretario general del sindicato, David José Mañas.

“Se les indicó que permanecieran, simplemente, en el lugar, en muchos casos, durante más de 12 horas que duró toda la jornada”, censuran en lo que entienden, además, como una vulneración del decreto de horarios y descansos de los Mossos. Añade el documento que las únicas instrucciones formales que recibieron fueron dos formularios a modo de directrices y pautas, que no llevaban la firma de ningún responsable. Por ello el SPC pide a la Fiscalía que analice estos documentos.

"Compete a los altos mandos"

“La elaboración del operativo compete a los altos mandos y comisarios del Cuerpo en ningún caso a los funcionarios del cuerpo actuantes”, insiste el sindicato, que señala especialmente a “la Escala superior, que comprende las categorías de intendente, de comisario y de mayor”. Trapero está ya investigado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición derivado de la actuación de los Mossos ante la concentración de gente en la sede de la Consejería de Economía el día que la Guardia Civil fue enviada por un juzgado de Barcelona a hacer registros. Por ello, el responsable de los Mossos tendrá que volver a prestar declaración ante la juez Carmen Lamela el lunes.     

Este escrito, que lleva fecha de 5 de octubre, tiene la finalidad de defender a los agentes que participaron en el dispositivo después de las denuncias presentadas en al menos seis juzgados de Cataluña acusando a los Mossos de incumplir la orden del TSJC. Ante la posibilidad de que las investigaciones abiertas puedan afectar a policías de base, el sindicato pide a la Fiscalía que, antes de citar a policías como investigados, encargue al Cuerpo autonómico un informe que detalle las órdenes concretas que se dieron para el 1-O. También solicita que llame a declarar a los máximos responsables tanto de la Consejería de Interior de la Generalitat como de la Policía Nacional o la Guardia Civil, así como de las personas encargadas de confeccionar y coordinar el operativo del 1 de octubre.