El exdirigente del PP de Madrid y principal acusado por la trama Púnica, Francisco Granados, ha pedido a la Audiencia Nacional que cite a declarar en esta causa en calidad de investigados a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a sus antecesores Ignacio González y Esperanza Aguirre. También solicita la declaración en la misma condición de investigados para otros responsables del partido a nivel regional entre los que se encuentra, Jaime González Taboada, hasta el pasado septiembre, número tres del actual Gobierno madrileño o el ex consejero de Medio Ambiente de Ignacio González, Borja Sarasola.
Según un escrito presentado por Granados al que ha tenido acceso este periódico, estas peticiones se realizan después del nuevo informe de la UCO fechado este martes en el que se apuntala la relación entre una empresa llamada Laboratorio de Almagro 26 SL y la caja B del Partido Popular con la que se sufragaron las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 así como la de los comicios generales de 2008.
Para justificar la "imprescindible" imputación de Cifuentes, el escrito recuerda que era la responsable de dirigentes y movilización del Comité de Campaña electoral del PP de Madrid durante las elecciones autonómicas y municipales de 2007. También alega que desempeñó la función de secretaria de Política Territorial del partido a nivel regional desde 2004 hasta 2008, cuando fue sustituida por Sarasola, director adjunto de los comités de campaña del PP de Madrid tanto en 2007 como en 2011.
En el caso de Aguirre, argumenta la condición de presidenta entre 2003 y 2012 y su liderazgo en el PP de Madrid en el periodo comprendido entre 2004 y 2010. Coincide con "los años objeto de investigación". En cuanto a González, apunta a sus años como vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid (2003-2015), presidente del comité Electoral del PP de Madrid (2004-2007), así como sus cargos de presidente del Canal de Isabel II de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), también entre los años investigados.
Esta petición se enmarca en la estrategia de Granados de intentar acreditar que los pilares de la trama Púnica no pasan por su responsabilidad, sino por ICM, Arpegio y el Canal de Isabel II, bajo el control de Ignacio González.
Las últimas pesquisas de la Guardia Civil se fundamentan en gran parte en las anotaciones de las agendas personales tanto de Granados como del que fuera gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, para quien Granados también pide su citación. En este nuevo informe, los investigadores de la Guardia Civil aportan más datos acerca de un incidente que tuvo lugar el 18 de agosto de 2011, sólo dos meses después de finalizar la campaña electoral de las elecciones regionales de aquel año.
El incidente de la frontera francesa
Dos responsables de la citada empresa Laboratorio de Almagro 26 SL, proveedora del PP en sus campañas electorales, fueron interceptados en la frontera francesa con 200.000 euros en metálico que la UCO cree que era dinero de la caja b del partido regional, que presidía en el momento de los hechos Esperanza Aguirre. Lo llevaban escondido en tres paquetes de billetes ocultos debajo de un asiento cuando cruzaban la frontera.
Los responsables de esta empresa son María Luisa de Madariaga y Marcelino Luis Elosúa y este jueves prestaron declaración como investigados por el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, Manuel García Castellón. Según confesaron, el Partido Popular de Esperanza Aguirre les pidió que desdoblaran facturas y las enviaran a nombre de distintas compañías y personas físicas para burlar los controles de fiscalización.
La terna de peticiones de Granados la completan los ex tesoreros del PP de Madrid José Ignacio Echevarría y Carlos Izquierdo así como varios exconsejeros del Gobierno madrileño como Mariano Zabía (expresidente de Arpegio), Beatriz Elorriaga, Ana Isabel Mariño, y Lucía Figar. María Luisa de Madariaga (Laboratorio de Almagro) nombró a esta última en su declaración como persona de contacto en todo lo referente a las campañas electorales. También se interesa la citación del viceconsejero Manuel Beltrán.
Hace algunas semanas, Granados ya había pedido que Aguirre prestase declaración como testigo junto a casi una treintena de altos cargos del PP de Madrid. Entre ellos había seis exconsejeros autonómicos, varios alcaldes, varios senadores, tesoreros del partido, además de la actual presidenta, Cristina Cifuentes. Ahora va un paso más allá y pide que declaren ante el juez directamente como investigados muchos de ellos. Todos los restantes pide que se