El presidente del Gobierno ya ha elevado al Senado las medidas que quiere poner en marcha para que Cataluña vuelva a la legalidad. En un Consejo de Ministros extraordinario que ha durado más de dos horas, Mariano Rajoy ha acordado proponer al Senado el cese de Carles Puigdemont y todo su Govern. El jefe del Ejecutivo asume como propia la competencia de decretar "la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña" o el "fin de legislatura para la convocatoria de elecciones autonómicas". El fin último de aplicar el artículo 155 de la Constitución es, según aseguró Rajoy en una comparecencia pública, que todos los ciudadanos catalanes puedan votar en unas elecciones que se tienen que convocar en un plazo máximo de seis meses desde que el Senado apruebe todas las medidas. Si se apura el tiempo estipulado, la convocatoria electoral sería en pleno verano.

La Administración catalana actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades que el Gobierno creará para tutelar Cataluña. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene previsto que los futuros dirigentes de la Generalitat desembarquen en Barcelona. Desde el día en que la Cámara Alta apruebe estas medidas extraordinarias, las actuaciones de la Administración catalana serán sometidas a un régimen de comunicación o autorización previa.

A pesar de que la ha acusado de formar parte de la rebelión independentista, Rajoy ha decidido mantener a Carme Forcadell como presidenta del Parlament de Cataluña pero restringiéndole sus funciones y las de la propia Cámara. Rajoy ha pedido al Senado que Forcadell no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni proponer a la Cámara que se celebre un debate y votación de investidura.

Además, el jefe del Ejecutivo ha solicitado al Senado atribuir al Gobierno central la capacidad de veto de iniciativas parlamentarias que atenten contra el propio artículo 155 y la suspensión de la facultad de control al Ejecutivo por parte de la Cámara. El Gobierno se reserva el plazo de un mes como derecho a veto para pronunciarse sobre cualquier iniciativa que tramite el Parlament y considere que vulnera la 

Control de TV3 y de los Mossos



Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, el vicepresidente y todos los consellers del Consell de Govern, la Administración General de la Generalitat actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno. Estos órganos podrán acordar el nombramiento, cese o sustitución temporal con asunción de las competencias correspondientes de cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat, así como de los organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial.

Un capítulo en el que estaría incluida la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de la que dependen TV3 y Catalunya Ràdio. Pero, además, en otro apartado del documento que será enviado al Senado se atribuye a los órganos que designe el Gobierno las funciones relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales y a las tecnologías de la información, en particular del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información en Cataluña.

Asimismo, en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual, se garantizará la transmisión de una información "veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural", y con el equilibrio territorial. Y que se garantice el conocimiento y el respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Respecto a los Mossos, el ejercicio de las funciones de Interior corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno, que podrán dictar instrucciones "directas y de obligado cumplimiento" a los miembros de la Policía de la Generalitat.

Los órganos o autoridades creados o designados por el Ejecutivo podrán acordar el despliegue de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, coordinando la actuación de los Mossos y, en el caso de que fuera necesario, los mossos podrían ser sustituidos por efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Control absoluto de los gastos e ingresos

El Gobierno asume también el control total de los ingresos y de los gastos de Cataluña. En el documento, el Ejecutivo asegura que garantizará la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la Comunidad, a sus organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial a fin de que no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista. También garantizará que los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título no se destinen a fines que contravengan las medidas adoptadas por el 155.

La intención de Mariano Rajoy es convocar elecciones a la mayor brevedad posible. Sin embargo, el presidente ha condicionado la disolución de la Cámara autonómica a que en Cataluña se restablezca el orden constitucional y la convivencia entre ciudadanos se normalice. El Ejecutivo ha querido dejar claro que la Administración catalana seguirá funcionando tal y como está trabajando hasta ahora. A partir de ahora, cumplirán las órdenes que le indiquen los órganos o autoridades que el Gobierno designe -y que aún está por concretar- para sustituir a los consejeros cesados. El personal eventual que trabaja con el Govern también será cesado.

Comisión ad hoc

Las propuestas del Gobierno pasarán por una comisión que el Senado creará ad hoc y que estará formada por 27 senadores de la comisión constitucional y de las comunidades autónomas. La primera reunión será el martes 24 a las 13.00 horas. El jueves 26 se formulará la propuesta y se elevará al pleno que la Cámara Alta celebrará el viernes 27 a las 10 de la mañana.