El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido en 'Informe Semanal',

de TVE, la querella por delito de rebelión contra el cesado Govern de la

Generalitat, afirma que ésta no necesita ser cruenta como en los alzamientos

militares del siglo XIX.



"Gracias a Dios, no ha habido derramamiento de sangre, ni armas, pero eso no lo

requiere el tipo básico de la rebelión, el Tribunal Supremo en la sentencia del 23-F señalaba que dicha conducta no necesita ser cruenta como en los tiempos de los pronunciamientos militares del siglo XIX donde ahí se hablaba en los códigos de alzarse en armas", ha dicho Maza.



Todos aquellos hechos que se han producido, afirma, y que nosotros englobamos en

su conjunto, desde la destrucción de tres coches de la Guardia Civil, los

diferentes actos de intimidación y de escraches a la Policía y a la Guardia Civil

en los lugares donde pretendían habitar, hasta los propios hechos ocurridos el 1

-0 con una resistencia a veces activa de una multitud de personas, "son actos de

violencia, no son actos de normalidad ni actos pacíficos como se ha querido

vender".

"Riesgo de reiteración delictiva"

Maza ha defendido la prisión cautelar decidida por la jueza Lamela contra los miembros del Govern cesado. "En este caso la prisión cautelar se decreta no tanto por el riesgo de fuga, que también lo hay, sino por el riesgo de la reiteración delictiva, de que si hoy la jueza les deja en libertad volverían a Cataluña y podría seguir en la comisión del delito, o al menos eso es de presumir. El señor Junqueras, por ejemplo, firmó un artículo en un periódico extranjero como vicepresidente de la República catalana".



Maza ha justificado también la encarcelación de los Jordis, líderes de ANC y

Omnium: "Es tan íntima la colaboración y la identificación que hay miembros del

gobierno que son miembros de estas asociaciones privadas y hay un dato

determinante y revelador y es que asistían a reuniones del Gobierno catalán. Yo

no sé si con voz, con voto, sin voz, sin voto, pero asistían a las reuniones los

propios responsables de estas dos asociaciones". A juicio del fiscal general, es

"como si en el Consejo de Ministros español pues asistieran miembros y

representantes de otras asociaciones privadas".