La penitencia judicial de Puigdemont en Bruselas

Tras la petición de entrega de Puigdemont y sus exconsellers por parte de la Justicia española y su puesta en libertad el pasado domingo, la instancia superior belga, llamada Chambre du Conseil, tendrá que pronunciarse en los siguientes 15 días. De esta manera comienza a rodar el procedimiento judicial para el expresident que puede llegar a alargarse hasta 100 días, pasadas las elecciones de 21-D.

Primeros 15 días

El viernes 17 de noviembre, a las 14.00, la Chambre du Conseil celebrará, a puerta cerrada, la primera vista sobre la orden de entrega emitida por la Justicia española contra el ex presidente Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que le acompañan en Bruselas. Este órgano examinará la petición de transferencia a España de todos ellos para ser juzgados por rebelión, sedición y otros delitos.

Mínimo otros 30 días

Una vez que la Chambre du Conseil se pronuncie, tanto la Defensa como la Fiscalía belga en nombre de la Justicia española, pueden recurrirla. En el caso de hacerlo, la llamada Chambre des mises en accusation, una corte de apelación, vuelve a tener 15 días para valorar y decidir. Las partes tendrán un plazo para estudiar la resolución. En el caso de que no estén de acuerdo, podrán volver apelar en última instancia ante la Corte de Casación que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.

Hasta 90 días

Todo indica que ambas partes colocarán trabas que impedirán que el proceso sea sencillo y corto. La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros. No obstante, podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

10 días más

En el caso de aceptarse la extradición de los políticos su entrega a España se produciría en un máximo de 10 días. Lo que significaría que se alargaría hasta 100 días todo el proceso legal. Sin embargo, lo normal según las estadísticas policiales,es que se realice la entrega en dos días.

Con todo, la Fiscalía ha precisado que estos plazos se aplican a las personas sobre las que pesan órdenes de extradición y que están detenidas. Por lo que en caso de que los arrestados sean puestos en libertad, como es el caso del expresidente autonómico y sus acompañantes, los plazos podrían ser mucho mayores.