La confirmación llegó cuando los agentes de la Guardia Civil tuvieron en sus manos la imagen del inmueble. El número 9 de la calle Carrasquilla, en Ciudad de Panamá, es un viejo edificio de tres plantas comido por el tiempo. Un inmueble amarillento y acompañado por la basura en sus aledaños y rodeado por un amasijo de cables de la luz. Todo menos la sede de las más de 4.000 empresas en las que ocupan cargos los panameños Harmodio y Mariola I. Herrera, los mariachis que sobre el papel controlaban Lauryn Group.
El corregimiento de San Francisco de Panamá, donde se ubica el edificio, es un barrio marcado por los contrastes. Los rascacielos se elevan imponentes sobre las casas bajas y las chabolas, y entre éstas, en uno de los edificios más humildes, tenía su sede social la compañía.
Era otoño, octubre de 2015, y la Unidad Central Operativa (UCde la Guardia Civil arrancaba las primeras pesquisas de lo que se convirtió meses después en la operación Lezo. O lo que es lo mismo, la investigación de la Audiencia Nacional que supuso la detención e ingreso en prisión preventiva del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Fue una fuente confidencial quien aportó desde el primer momento gran parte de los datos: el número de cuenta, la entidad financiera y la empresa que supuestamente sirvió para esconder en Suiza 1,4 millones de euros destinados a Ignacio González, en pago por un pelotazo urbanístico. La transferencia, según la misma fuente, fue enviada desde la constructora OHL, beneficiada por un importante contrato ferroviario en Navalcarnero.
La fuente de la UCO aportó incluso un documento de ingreso bancario en esa misma cuenta. Un escrito de un banco español que acreditaba al menos la existencia del depósito bancario en Suiza, ya que de otra forma, la transferencia de fondos habría sido devuelta.
El receptor del dinero era supuestamente una sociedad panameña. Una empresa llamada Lauryn Group y domiciliada en un desconocido barrio de la capital del país. Bastó una búsqueda en los registros públicos para confirmar la existencia de la empresa, y otra más intensa para ubicar a sus hombres de paja, los dos testaferros que sobre el papel controlaban las operaciones. Poco después, la imagen de su sede social confirmaba las sospechas. La empresa en cuestión, la sociedad millonaria que controlaba el depósito al que fueron a parar al menos 1,4 millones de euros, estaba radicada en uno de los barrios más pobres de la capital. Un inmueble lejos del centro financiero donde nadie habría oído hablar de empresa alguna.
Comparte testaferros con la sociedad suiza de Bárcenas
Ignacio González defendió durante una conversación con el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, que el extesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, se había inventado todo el entramado empresarial con el consentimiento de Mariano Rajoy y de Villar Mir para perjudicarle. Sin embargo, la Guardia Civil ha podido comprobar que el domicilio donde se registró la empresa existe y también los testaferros que habrían movido el dinero a Suiza.
A raíz de una denuncia particular que afirmaba tener información sobre las transacciones de la empresa OHL, la Guardia Civil comprobó que el domicilio donde se había inscrito la empresa Lauryn Group INC existe realmente, aunque no tiene actividad empresarial ninguna. "Si bien la dirección existe, se trata de un barrio marginal de la ciudad en la que no se localiza el domicilio social de la citada empresa, ni tampoco se asemeja al domicilio de una sociedad real que opere con cuentas en terceros países, sino más bien un domicilio ficticio", se puede leer en el informe redactado por la UCO y aportado al juzgado central de instrucción número 6 desde el que se investiga el caso Lezo.
Ignacio González habría recibido los ingresos a nombre de esa empresa en una cuenta del banco suizo Anglo Irish Bank. El despacho de abogados panañemo IGRA era el encargado de administrar los fondos de la empresa.
Cartel de la calle Carrasquilla, donde se ubica la empresa pantalla.
Se da la circunstancia de que los únicos representantes de la empresa Lauyn Group, Harmodio Herrera y Mariela I. Herrera, son a su vez las personas de contacto del despacho de abogados Igra, especializado en la creación de empresas en paraísos fiscales.
Precisamente estas dos personas figuran también como administradores de la Fundación Sinequanon, la sociedad que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas habría creado en Suiza para ocultar sus fondos de procedencia ilegal, según considera probado la Fiscalía Anticorrupción.