Desde que la jueza Carmen Lamela envió a prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los consejeros que se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional, el Gobierno solo ha dicho en público que "respeta" todas las decisiones judiciales. Sin embargo, las horas previas a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el futuro de Carme Forcadell y de quienes han sido sus compañeros de la Mesa del Parlament, se han multiplicado las presiones del Ejecutivo para que el Alto Tribunal no siga el camino marcado por la Audiencia Nacional.

Este miércoles, el diario El País informaba de que el Tribunal Supremo se preparaba para asumir todas las causas judiciales abiertas contra exministros del Govern y de la Mesa del Parlament en relación al proceso independentista. En esa información se daba a entender que el Supremo podría no encarcelar a los miembros de la Mesa del Parlament porque "las querellas son distintas, las responsabilidades también podrían serlo y el criterio del juez también podría ser distinto".

El nerviosismo se ha instalado en el seno de los partidos constitucionalistas desde que una parte del Govern cesado duerme en una cárcel de Madrid y los independentistas los han utilizado para alimentar su victimismo. Las direcciones del Partido Popular y de Ciudadanos comparten un mismo pronóstico: "Los independentistas tienen la campaña electoral hecha con los encarcelamientos".

Campaña electoral en libertad

Con el reloj ya en el descuento para el 21-D, en el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy también dicen haber comprobado cómo el sentir independentista ha vuelto a renacer desde que Junqueras y parte del Govern cesado duerme entre rejas, mientras Puigdemont pide cada día su liberación desde Bruselas. De hecho, el anhelo de Moncloa es que este jueves no se repita la misma imagen que el viernes pasado, la del traslado de los investigados en un furgón policial hasta alguna cárcel de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno, el partido que lo sustenta y Ciudadanos, su socio de investidura, quieren que todos los independentistas que están hoy en la cárcel y acaben formando parte de una candidatura hagan campaña en plena libertad y así poder competir en igualdad de condiciones.

Fuentes del partido conservador aseguraban hace unos días a este periódico que con los candidatos en la cárcel "los secesionistas volverán a incidir en que los jueces no son neutrales. Y aunque en España existe separación de poderes esa imagen y esa tesis nos perjudica".

Para acordar prisión incondicional sin fianza, como hizo la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional, el magistrado Pablo Llanera tiene que detectar la existencia de riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o reiteración delictiva.  Como desde que se aplicó el artículo 155, Forcadell ha acatado su situación -de hecho, lo primero que hizo fue reconocer que la Cámara que ella preside estaba disuelta-, sólo la consideración de la reiteración delictiva podría llevarla a prisión.