Interior apuesta por fuertes sanciones para frenar los sabotajes en Cataluña

Bloquear una carretera o el acceso a una estación de tren dentro de las protestas independentistas puede tener graves consecuencias. Hasta 600.000 euros de multa en los casos más graves. Frente a las imágenes de los antidisturbios cargando en varios colegios catalanes, utilizadas por los independentistas para victimizar su movimiento frente al mundo, el Ministerio del Interior ha decidido utilizar la capacidad sancionadora que le otorga la Ley de Seguridad Ciudadana y emprender una nueva estrategia: la de la multa que afecta al bolsillo. 

Por ello y según confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del proceso, los Mossos d'Escuadra preparan ya más de cien sanciones administrativas. Un centenar de multas para todos aquellos que fueron identificados por los agentes participando en actos ilegales como el corte de carreteras o el sitio ciudadano a estaciones de tren.

En total, el pasado miércoles efectivos de Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional tuvieron que realizar 200 actuaciones distintas por la jornada de protesta convocada por las principales organizaciones independentistas en toda Cataluña. Pese al despliegue de agentes, no se ha contabilizado "ni un solo herido", según explican las mismas fuentes, en contraposición con el discurso independentista de que España es "un estado agresor". 

Multas de hasta 600.000 euros.

Lo que si hicieron los agentes fue levantar acta tanto de los distintos cortes de carretetas como de los actos de sabotaje sufridos por instalaciones estatales como la red ferroviaria. Y siempre que fue posible, dejaron constancia de la identidad de los principales participantes.

Manifestantes cortan la vía en la estación de Sant Cugat del Vallèst. Alejandro García EFE

Ahora y virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana (la apodada ley mordaza), los identificados se enfrentan a sanciones de entre 601 y 30.000 euros por negarse a identificarse o no colaborar con los agentes, y de entre 30.001 y 600.000 euros para quien participe en manifestaciones no convocadas previamente en instalaciones donde se presten servicios básicos para la población. Es decir: que tanto el corte de carreteras como el asedio a las estaciones de tren pueden considerarse infracciones "muy graves" según esta normativa. 

El pasado miércoles, tres fueron los puntos que centralizaron la mayoría de las protestas: la AP7, la autopista que une Cataluña con la Comunidad Valenciana, y las estaciones de Sants (en Barcelona) y Girona, que une las líneas férreas españolas con Francia.

Fuentes de la Seguridad del Estado explican a EL ESPAÑOL que tanto las carreteras en funcionamiento como las vías del tren son puntos especialmente sensibles para las actuaciones de control de masas, con riesgo de que tanto manifestantes como agentes puedan sufrir problemas si se produce un altercado. A pesar de ello, no hubo una sola persona que necesitara atención médica.