La caja sin fondo de la ANC: independencia a golpe de talonario

"¿Y todo esto quién lo paga?" preguntó el escritor catalán Josep Pla, apabullado por los neones y las muchedumbres y los rascacielos, cuando visitó por primera vez Nueva York. "¿Y todo esto quién lo paga?", es lo que se preguntan ahora mismo Cristó bal Montoro y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, visto el músculo económico mostrado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Una ANC que tan pronto paga las fianzas de Artur Mas, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlamento catalán como organiza Diadas, manifestaciones y concentraciones masivas o (se sospecha) financia la estancia en Bruselas de Carles Puigdemont y del resto de consejeros huidos.

La ANC ha sido, junto con la segunda gran asociación civil catalana, Òmnium Cultural, el motor en las calles del proceso independentista. La Assemblea es una joven asociación civil catalana (nació en 2012) que no recibe subvenciones del Gobierno de la Generalidad y que se financia con las cuotas de sus socios, con las donaciones y con la venta de merchandising independentista. Al menos, oficialmente.

Se cree que la ANC cuenta con aproximadamente 40.000 socios de pleno derecho y 40.000 simpatizantes, aunque se rumorea que las cifras podrían haber aumentado en unos cuantos miles a raíz del encarcelamiento de los Jordis. A diferencia de Òmnium Cultural, las cuentas de la asociación son opacas y objeto de especulación desde su fundación.

La caja de pagar fianzas

La ANC gestiona desde abril de este año y junto con Òmnium una caja de solidaridad que en septiembre acumulaba ya más de dos millones de euros y cuyos fondos sirven para “responder a las represalias del Estado contra el patrimonio” de los líderes políticos nacionalistas catalanes. Es esa caja de solidaridad, que se nutre de donaciones voluntarias, la que habría servido para pagar las fianzas de Carme Forcadell (150.000 euros) y los otros cuatro miembros de la Mesa del Parlamento catalán: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet (100.000 euros en total).

En septiembre de 2017, la ANC hizo públicos dos números de cuenta bancarios destinados al pago de la fianza impuesta a Artur Mas por la organización del referéndum del 9-N. “La fianza evidencia que [los catalanes] sólo sobreviviremos si ganamos” dijo Jordi Sánchez, su presidente por aquel entonces, para justificar la iniciativa. La campaña de captación de donativos logró recaudar casi dos millones y medio de euros que, aunque insuficientes para afrontar los 5,2 millones de la fianza, sirvieron para aliviar la presión del Tribunal de Cuentas sobre Mas.

La caja de solidaridad, también llamada caja de resistencia, es una de las principales preocupaciones del ministro de Hacienda, que ha dado órdenes para que se investiguen las fuentes de ingresos de la ANC ante la sospecha de que esta podría haber sido la vía indirecta escogida por el Gobierno catalán para financiar el proceso independentista y evitar así las acusaciones de malversación de fondos. El Gobierno sospecha también que los fondos de la ANC podrían ser los que estuvieran financiando la estancia en Bruselas de Carles Puigdemont y del resto de consejeros huidos.

Intervenidos pero activos

Desde octubre de este año, la ANC ha dejado de cobrar las cuotas a sus socios. La investigación de sus cuentas por parte del Gobierno y la posibilidad de que las contribuciones acaben en manos de Montoro ha motivado la decisión del Secretariado Nacional de la ANC. “El momento es excepcional y hay rumores de que pretenden bloquearnos las cuentas", decía el comunicado interno enviado por la ANC a sus socios. “Tienen la manía de que hemos recibido subvenciones de la Generalitat para hacer no se sabe qué, cuando es notorio que no recibimos por prohibición expresa de nuestros estatutos”. La prohibición, es cierto, existe. Aunque nadie en Cataluña cree que el Govern no haya inyectado dinero en la ANC por otras vías.

La investigación de las cuentas de la ANC no ha impedido, en cualquier caso, la organización por parte de la Assemblea de un viaje a Bruselas el próximo 6 de diciembre con el objetivo de organizar una gran manifestación en la capital belga en protesta por el encarcelamiento de los miembros del antiguo Gobierno catalán.

Agustí Alcoberro, vicepresidente y portavoz de la entidad desde el encarcelamiento y posterior dimisión del antiguo presidente Jordi Sánchez (para su incorporación como número dos a la lista electoral de Carles Pugigdemont) fue el encargado de anunciar la “participación” de la ANC en la iniciativa. En este caso, como en los restantes mencionados, se desconoce de dónde saldrán los fondos con los que se pagarán los viajes a Bruselas de los participantes.

Pero ¿quién financia a la ANC?

La ANC es una vieja conocida de Hacienda. En 2016, una inspección fiscal y una multa de la Agencia de Protección de Datos obligaron a la entidad a pagar, respectivamente, 176.000 euros y 83.000 euros. Unas sanciones que muy pocas asociaciones civiles españoles habrían podido soportar sin echar el cierre pero que en el caso de la ANC apenas comportaron un parón temporal en sus actividades.

Ese año, la ANC declaró haber gastado 3,4 millones de euros en propaganda y 400.000 en retribuciones para los directivos de la asociación (teóricamente voluntarios) y su personal laboral habitual. En cuanto a los ingresos, la entidad declaró 1,6 millones de euros en aportaciones de socios y militantes y 1,2 en ingresos por la venta de merchandising, básicamente camisetas para la Diada de ese año. Algo que no cuadra con las declaraciones posteriores al 11 de septiembre, cuando la ANC dijo haber logrado 2,7 millones de euros con la venta de esas mismas camisetas.

La sospecha es que la ANC se ha financiado durante los últimos años a través de subvenciones indirectas del Gobierno catalán, de las diputaciones y de los ayuntamientos nacionalistas. También a través de las donaciones de empresarios y particulares.

En los grandes despachos de abogados de Barcelona se comenta lo habitual que es recibir visitas de clientes que, por un lado, solicitan el traslado de la sede fiscal y social de sus empresas a Madrid o a otras ciudades de España, mientras por el otro piden que se gestionen sus donaciones a la ANC y Òmnium. Una manera como otra cualquiera de nadar y guardar la ropa o, más malévolamente, de financiar la secesión pero sin arriesgar patrimonio personal en el envite.

Crisis interna

Pero la ANC está lejos de ser un oasis en el agitado microclima independentista. Teóricamente apolítica y transversal, la ANC comenzó su andadura en 2012 como una asociación sutilmente cercana a ERC por las simpatías ideológicas de su presidenta por aquel entonces, Carme Forcadell, con el partido liderado por Oriol Junqueras. Con el relevo de Forcadell por Jordi Sánchez las tornas giraron y la ANC se convirtió en un apéndice del PDeCAT. Y, más concretamente, de Artur Mas, cuya retirada a un segundo plano de la actualidad política no se correspondió nunca con su enorme peso en el proceso independentista y sobre todo con su ascendiente en la Assemblea.

De ahí la petición de una parte de la militancia de que Jordi Sánchez dejara su puesto a Liz Castro, una editora estadounidense encargada de las relaciones internacionales de la ANC. Castro ganó en mayo de 2016 las elecciones internas al secretariado de la Assemblea por 4.071 votos frente a los 4.005 de Jordi Sánchez. Antonio Baños, exdiputado de la CUP, quedó en tercer lugar con 3.752 votos.

Pero la rupturista Castro fue descartada por presiones políticas del entorno del PDeCAT (es decir de Artur Mas) en favor del continuista Jordi Sánchez. El debate sobre el sueldo astronómico que, siempre según se rumorea, habría cobrado Sánchez por su labor “voluntaria” al frente de la ANC no amainó ni siquiera en los momentos álgidos del proceso independentista. El debate interno quedó zanjado con el encarcelamiento de Sánchez y su conversión en mártir súbito del independentismo.

El futuro no es halagüeño para la ANC. Si la legislatura catalana que arranca en diciembre es, como prevén incluso los partidarios de la línea dura independentista, la de la vuelta a un perfil bajo y la acumulación de fuerzas para un definitivo asalto final a la soberanía nacional, la Assemblea perderá buena parte de su atractivo.

Concebida como un movimiento de agitación y movilización social, la ANC se diluye sin masas que visibilicen su fuerza en las calles. De ahí que cinco de los miembros del Secretariado Nacional de la asociación, entre ellos Jordi Sánchez, hayan renunciado a su cargo para dar el salto a las listas electorales de los partidos independentistas para las elecciones del 21-D. De algo hay que vivir.