El fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hubiera debido afrontar varias decisiones relevantes a su vuelta de Argentina, donde le ha sorprendido la muerte mientras asistía a la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos.
Firmante de las dos querellas por rebelión interpuestas contra exmiembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña tras la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado 27 de octubre, Maza se ocupaba personalmente ambos procesos con la estrecha colaboración del jefe de su secretaría técnica, José Miguel de la Rosa, y del teniente fiscal, Luis Navajas, que ahora se hará cargo temporalmente de las tareas del fiscal general. Fue Navajas el que eligió a los cuatro fiscales de Sala que el pasado 9 de noviembre interrogaron a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los exmiembros de la Mesa querellados y pidieron la prisión incondicional para todos ellos menos para Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
El instructor de la causa en la Sala Penal del Supremo, Pablo Llarena, acordó, sin embargo, la libertad de cinco de los investigados y en el caso de Forcadell fijó una asequible fianza de 150.000 euros para que eludiera la prisión.
El mantenimiento o no de la prisión acordada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el 9 de noviembre para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y siete exconsejeros es una de las decisiones sobre la que los tribunales deberán pronunciarse en los próximos días porque todos ellos han recurrido la decisión de la instructora. Ello obligará a la Fiscalía a definirse sobre si insiste en su posición favorable a la prisión de los exmiembros del Govern de Carles Puigdemont o suaviza su criterio en la línea del instructor del Supremo.
Una acumulación esperada
Los recursos de los dirigentes catalanes encarcelados están ahora mismo en manos de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, a la que se han elevado las impugnaciones después de que Lamela haya rechazado los recursos de reforma. No obstante, está pendiente la más que probable acumulación de la causa abierta por la Audiencia Nacional contra el Govern a las diligencias que instruye el Supremo, una acumulación sobre la que no se ha pronunciado la Fiscalía pero de la que Maza era partidario.
Si la unión de los dos procedimientos se produce antes de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional vea los recursos de apelación, es previsible que Llarena quiera oír a los exconsejeros antes de resolver sobre su situación. Bien sea en la AN, bien sea en el TS, la Fiscalía tendrá que tomar posición sobre esos recursos y también sobre los que Forcadell y los exmiembros de la Mesa del Parlament han interpuesto contra las leves medidas cautelares acordadas por Llarena en un auto en el que apreciaba indicios del delito de rebelión, el más grave de los imputados en la querella de Maza.
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart abandonan la Audiencia Nacional.
Llarena también tiene en perspectiva asumir las diligencias que afectan a los presidentes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cuyo encarcelamiento ya ha sido confirmado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, respaldando a Lamela. Es previsible que cuando la causa esté en el TS ambos investigados soliciten su puesta en libertad, sobre lo que habrá de posicionarse el Ministerio Público.
Nuevos indicios
Otra de las cuestiones a la vista se refiere a la incorporación o no a la causa del TS de las diligencias sobre los preparativos del referéndum ilegal del 1-O que tramita el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid. En este procedimiento tiene la condición de investigado el exnúmero dos de Junqueras, Josep María Jové, y han aparecido indicios contra el empresario Oriol Soler, entre otras personas a las que la Guardia Civil sitúa en el núcleo duro de la estrategia independentista y sobre cuya imputación deberá pronunciarse la Fiscalía.
Maza, finalmente, tenía pendiente una reunión con el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, para decidir la actuación del Ministerio Público en relación con la denuncia de Hacienda sobre la eventual utilización de fondos públicos en el referéndum del uno de octubre.