La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la Audiencia Nacional un nuevo informe en el que atribuye al ex ministro Eduardo Zaplana posibles responsabilidades penales que abren la puerta a su imputación por parte del juez del caso Manuel García Castellón, según confirman a este diario fuentes de la investigación.
En concreto, el informe detalla la intervención de Zaplana para que la exalcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015, Ana Botella, contratase los servicios de las empresas Eico y Madiva dedicadas a mejorar la imagen en redes sociales e internet que se encuentran bajo el foco de los investigadores en el caso Púnica. Estas empresas eran propiedad de Alejandro de Pedro, uno de los principales investigados en la trama encabezada por el exdirigente del PP de Madrid, Francisco Granados.
Según ha adelantado este viernes El Confidencial, el documento de la UCO describe un posible delito de tráfico de influencias e indica que Zaplana propició una reunión entre los responsables de estas empresas y Botella en la casa de esta última de Marbella (Málaga) en el año 2013. De ese encuentro salió el compromiso de la alcaldesa de contratar sus servicios, que fueron sufragados con dinero público del Ayuntamiento de Madrid, según las pesquisas de los investigadores.