El gobierno autonómico de Carles Puigdemont se inventó una rebaja fiscal para intentar frenar la fuga de empresas en Cataluña ante el desafío independentista. Un descuento en el impuesto de sociedades que fue planteado sin memoria económica alguna, sin un estudio de impacto previo y con el único interés de vender las presuntas bondades de una Cataluña independiente frente a la fuga de compañías provocada por sus decisiones políticas.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la medida, con un impacto multimillonario sobre el presupuesto público, partió de Raul Murcia, responsable de redes sociales de la Conselleria de Vicepresidencia, controlada entonces por el líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras. Y se pensó para ser filtrada a la prensa “de forma indirecta” e intentar combatir de forma ficticia la fuga de empresas tras el pulso del Govern: “Si situamos [la promesa de una rebaja fiscal] igual o un poco por encima de la española, muchas empresas tendrán miedo a ser sancionadas y no pagarán a la Agencia de Tributos de Cataluña. El diferencial ha de ser lo suficientemente importante como para motivar ese cambio”, reflejan.
Correo intervenido por la Guardia Civil.
Las pruebas de esta maniobra aparecen reflejadas en los correos incautados por la Guardia Civil al número dos de la consejería de Hacienda, Lluis Salvador. El 28 de julio de 2017, es la directora general de Análisis Económico, quien remite un correo a varios altos cargos de la Hacienda catalana.
En él, Natalia Mas traslada la propuesta del responsable de redes sociales de la consejería para que se elabore “un documento de background, no para publicar, que sirva de orientación a un periodista relacionando el escenario de plena recaptación de impuestos con una posible rebaja del Impuesto de Sociedades que la Vicepresidencia Económica estaría estudiando”.
Según el mismo correo, el objetivo real es “dar el mensaje de que desde el departamento estamos estudiando una posible reducción del impuesto de sociedades” en un escenario en el que sea Cataluña quien ingrese todos los impuestos, “que algunos interpretarán en el marco de un estado independiente, y otros en uno de concierto económico, si alguno tiene tanta imaginación”, añade el escrito con cierta sorna.
“Realmente me ha hecho pensar en el impacto que podría tener dar el mensaje (que sea indirectamente, a través de artículos de periodistas) de que el Govern estudia mejoras fiscales”, prosigue la propuesta.
No hacemos ninguna rebaja
La posible de filtración se debatió durante un par de días días entre los altos de la Vicepresidencia económica, que en sus correos reconoce textualmente que en ese momento, sus modelos “asumen que no hacemos ninguna” rebaja de impuestos llegada la independencia. Aun así, la directora general de Análisis Financiero en otro correo fechado el 1 de agosto explica que “se pueden difundir ciertos mensajes sobre que estas rebajas “se pòrdían hacer con las competencias y recursos de un Estado [...] Entiendo que desde Comunicación no nos piden nada exhaustivo ni detallado por ahora, sino algunos mensajes”.
Mientras los responsables de la consejería de Junqueras valoraban la forma de vender en prensa el bulo de una rebaja fiscal, más de 2.000 empresas cambiaban su sede social y sus oficinas fuera de Cataluña. Sabadell, Codorniu, Pastas Gallo y otras grandes multinacionales afincadas en la comunidad autónoma anunciaban en tromba su salida de la región para trasladar su domicilio fiscal en otros lugares de España. Finalmente, a partir del pasado 15 de octubre, parte de la prensa catalana publicó como la propuesta de Hacienda de incentivos fiscales para un "Cataluña independiente". Una rebaja de impuestos que el Govern, según sus propios datos, en realidad no estudiaba y que partió como idea para polarizar a la opinión pública.