Granados denuncia a 6 agentes de la UCO y les acusa de no investigar a Marjaliza

Francisco Granados ha seguido el camino de otros responsables de su partido como el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y ha denunciado a los investigadores de su caso. Sin embargo, el exconsejero de la Comunidad de Madrid ha ampliado la estrategia y abierto una batalla legal que afecta tanto a seis agentes encargados de la operación Púnica como al principal testigo en su contra: el empresario David Marjaliza.

Por un lado, Granados acusa a su exsocio de tener presuntos vínculos con el narcotráfico tras hablar con un empresario cuyo hermano cumplió condena por ese delito. Y por otro, denuncia a los agentes de la Guardia Civil por no investigar esas ramificaciones. Ambas denuncias fueron presentadas este miércoles en los juzgados de Madrid, y están pendientes de admisión a trámite.

Además, la batalla legal de Granados llega justo tras la finalización del juicio del "chivatazo", la primera pieza del caso Púnica que le ha llevado al banquillo. En este caso, el exconsejero fue acusado de revelación de secretos junto a dos agentes de la Guardia Civil que, según la tesis de la Fiscalía, le alertaron de que estaba siendo investigado.

En el juicio, su exsocio David Marjaliza declaró como testigo y reconoció que tras la información revelada presuntamente por los agentes y trasladada por Granados, destruyó varios carros de la compra repletos de documentación con importancia para la causa. Algo que la defensa del exconsejero rebate.

La visita de 'El Cojo'

En cualquier caso, la investigación del presunto chivatazo refleja que en 2015 y tras detectar la filtración por las escuchas telefónicas, los agentes de la UCO identificaron al guardia civil que Granados y el resto de los investigados señalaba como fuente de las filtraciones. Era un hombre de la propia unidad, encargado de colocar dispositivos de vigilancia. En concreto, el agente investigado había participado en la preparación de un vehículo con cámaras encubiertas que sirvió para monitorizar las entradas y salidas en las oficinas de David Marjaliza. 

Tras confirmar las relaciones de su compañero con el entorno de Granados y para intentar confundir a los investigados, los agentes de la UCO mintieron al agente. Le explicaron que las pesquisas en marcha nada tenían que ver con un asunto de corrupción, y que las pesquisas estaban destinadas a desentramar un caso de tráfico de drogas. 

La coartada tenía una base verídica, ya que según reconocieron los agentes ahora denunciados ante la Audiencia Nacional, las vigilancias del caso Púnica arrojaron que la oficina de Marjaliza era visitada en ocasiones por un empresario apodado el cojo, una persona cuyo hermano "había cumplido pena de prisión por tráfico de drogas". 

Eso sirvió para hacer creer al agente investigado que la operación nada tenía que ver con Granados, y que la cámara que tuvo que preparar era en realidad para una operación de tráfico de drogas. Y esa es la línea que la defensa de Granados sigue ahora para denunciar a los agentes y al principal testigo de cargo en su contra. 

Blanqueo de dinero

Por un lado, Granados acusa a la UCO de no investigar las relaciones que unen a David Marjaliza con el cojo. Y por otro, el exconsejero se querella directamente contra su exsocio y le relaciona con operaciones de blanqueo.  

Según las intervenciones telefónicas del caso Púnica, la relación entre Marjaliza y El Cojo se centraba en la búsqueda de inversiones financieras y la concesión de préstamos para las mismas. El Cojo acudía a Marjaliza en busca de financiación para determinados negocios, y solía encontrar una negativa por respuesta. Hasta que el empresario de Valdemoro le presta 15.000 euros para comprar unos coches, según la versión aportada en el sumario. 

Poco tiempo después, el martes 12 de agosto, Marjaliza recibe un mensaje de que "el jefe" (en referencia a una tercera persona que no se describe en la querella ni en la investigación del caso) ha sido detenido por orden de la Audiencia Nacional. El empresario de Valdemoro es llamado por El Cojo para ver si le puede prestar dinero para la fianza, de 90.000 euros. Algo que finalmente no sucede.

Ahora, Granados denuncia a los agentes porque "no realizaron ni una simple comprobación al respecto, ni siquiera dirigida a descubrir la identidad del supuesto jefe, que estaba detenido en el aeropuerto de Barajas por orden de la Audiencia Nacional, y lo que es más importante, podría haber evitado la recepción de los coches, que se produce días después, y su distribución".

Es decir; con esa base el exconsejero apunta la posibilidad de que la mención de los vehículos sea en realidad una palabra clave para referirse a otro tipo de mercancía. Así lo hace constar en la querella que compromete también a Marjaliza, que tras su detención decidió colaborar con la Fiscalía y aportar datos sobre los presuntos negocios en la sombra de Granados. 

Pesquisas judiciales

En el juicio celebrado ante la Audiencia Nacional por el caso del chivatazo, los agentes de la UCO explicaron que la línea de investigación que vinculaba a Marjaliza con El Cojo no fue continuada por falta de pruebas, frente a los cuantiosos elementos probatorios "recabados para corrupción". Sin embargo, el empresario de Valdemoro sí fue interrogado a este respecto tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el juez Eloy Velasco, que tampoco decidió indagar más en esa línea. 

La defensa del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid considera esas pesquisas "insuficientes" y relaciona la inacción con un "perdón tácito", un "premio a la futura cooperación en todo lo que a la carta se precise [...] declarando contra el señor Granados en todo aquello que se necesite para la causa".

En septiembre de 2014, fecha en la que se empiezan a recabar las llamadas de Marjaliza y El Cojo, el empresario de Valdemoro era ya uno de los principales investigados en la causa, pero no había sido detenido y por lo tanto, no había dado muestra alguna de arrepentimiento ni de su voluntad de colaborar con la Justicia. 

Petición de responsabilidades

No es la primera vez que un responsable político carga contra la UCO por aparecer en sus investigaciones. Lo hizo Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, tras aparecer citado en un informe del caso Imelsa sobre el presunto cobro de comisiones. Perdió la querella. Lo hizo el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, salpicado también por Púnica. Y lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando su nombre salió vinculado con otra adjudicación investigada también en esta causa.

En el caso de Granados, el exconsejero de la Comunidad de Madrid ya arremetió contra los agentes en junio de este año. Tras su salida de prisión, aseguró que pediría "responsabilidades a los funcionarios que hayan firmado" los informes en su contra, algo que fue criticado por todas las asociaciones profesionales de guardias civiles.