La Fiscalía pide que los exconsellers sigan en prisión pese a acatar el 155

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que los ocho exconsellers y los dos líderes de las entidades soberanistas en prisión provisional sigan en la cárcel a pesar de que ayer acataron ante el magistrado del alto tribunal Pablo Llarena la Constitución y la aplicación del artículo 155.

Llarena tiene previsto comunicar el próximo lunes si acepta la petición de poner en libertad a los diez imputados, que en sus declaraciones además de aceptar el 155, con el que sin embargo se han mostrado en desacuerdo, se han comprometido a actuar a partir de ahora dentro del cauce legal.

El primero en comparecer ha sido el exvicepresident Oriol Junqueras, seguido de los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Jordi Turull y Josep Rull, y los líderes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

Llarena los citó, a iniciativa de los imputados, con el objeto de escuchar sus argumentos para revisar su situación personal y todos han expresado su voluntad de "actuar dentro de los márgenes constitucionales y de la legalidad vigente", según ha informado a la prensa el abogado defensor Jordi Pina.

"Mantenimiento de las medidas cautelares"

Una vez terminadas las comparecencias, que se ha prolongado durante unas cuatro horas, el juez les ha notificado que resolverá sobre el asunto el próximo lunes a primera hora, de modo que los imputados han sido trasladados de nuevo a prisión.

Tras las declaraciones el magistrado ha consultado a las acusaciones sobre si consideran que debe cambiar la situación personal de los imputados.

Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, y Jaime Moreno, fiscal de Sala, han sido los miembros del ministerio público que han asistido a las comparecencias.

Han pedido, "ante la gravedad de los hechos investigados, el mantenimiento de las medidas cautelares para los diez comparecientes", según una nota de la fiscalía que ha informado también de que "su informe ha individualizado provisionalmente las responsabilidades de cada uno".

"Persiste el riesgo de reiteración delictiva"

"En todo caso, consideran que en estos momentos persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva", explica la Fiscalía también. En igual sentido se ha pronunciado la acusación ejercida por el partido Vox.

Entre los imputados solo Junqueras y Romeva se han negado a responder a las preguntas del fiscal. El resto de los consellers han sido interrogados por el fiscal y le han respondido. Bassa ha contestado a gran parte de sus preguntas; Borrás y Forn a todas; Mundó a algunas; y Rull y Turull a todas menos a las planteadas por la acusación ejercida por VOX.

El letrado Jordi Pina, defensor de tres de los imputados, ha expresado que todos los declarantes se han comprometido, en unos u otros términos, a perseguir sus fines políticos "dentro del diálogo y el respeto a la Constitución".

En ese mismo sentido, el abogado de VOX Javier Ortega ha informado de que todos han asumido la legalidad, aunque no han renunciado a la independencia.

La decisión del magistrado

La clave sobre la que girará esa decisión será si el magistrado, a partir de los escritos de las defensas pero también a partir de las declaraciones de hoy, considera que existe riesgo de fuga y, sobre todo, de reiteración delictiva.

Llarena, que instruye en Supremo el sumario abierto por el 'procés' hacia la declaración de independencia, decidió el pasado 24 de noviembre asumir también la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los 13 exconsellers del Govern cesado y los líderes de ANC y Òmnium.

La juez de la Audiencia Carmen Lamela le envió esa parte del sumario abierto en su juzgado y Llarena la integró en el sumario en el que también investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a otros miembros de la Mesa, por hechos conexos.

A este segundo grupo de imputados el juez del Supremo los dejó en libertad bajo fianza tras tomarles declaración y después de que asumieran la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de que se comprometieran a actuar dentro de la legalidad.