El excoronel salvadoreño Inocente Montano, entregado por Estados Unidos a España para ser juzgado por el asesinato de cinco jesuitas españoles por el gobierno militar de El Salvador en el año 1989, se ha desvinculado de cualquier responsabilidad en la matanza durante su declaración en la Audiencia Nacional.
Según fuentes jurídicas, el exviceministro de Defensa ha reconocido haber participado en una reunión de todos los mandos de la Fuerza Armada de El Salvador la noche anterior al asesinato, a las 23 horas, y ha dejado claro que en dicha reunión también participó el expresidente del país, Alfredo Cristiani, quien ocupó el cargo durante 10 años después de la matanza.
Los familiares del teólogo de la Liberación Ignacio Ellacuría y de los jesuitas Ignacio Martí Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, que ejercen la acusación, han esperado tres décadas para ver sentado ante un tribunal español a uno de los 17 mandos militares que habrían participado activamente en la decisión y el diseño de los asesinatos de los profesores de la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas. Todos fueron fusilados tras sacarles de madrugada de sus casas por sorpresa y sin posibilidad de dar explicaciones. El Gobierno militar de El Salvador les consideró sospechosos de introducir ideas contra el Gobierno por su apuesta por una solución de diálogo a la guerra civil. También asesinaron a la mujer del servicio de limpieza, Elba Julia Ramos, a su hija Celina y al jesuita salvadoreño Joaquín López y López.
No aclara si 'La Tandona' dio la orden
A pesar de haber reconocido participar en esa reunión de los altos cargos militares a los que se conoció como 'La Tandona', Inocente Montano ha negado que en ella se hablara de los jesuitas ni se diera ninguna orden de asesinarles. Según ha declarado ante el juez Manuel García Castellón, se tomaron decisiones bélicas para combatir a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La insurgencia de esta guerrilla contra el ejército fue el germen de una guerra civil encubierta que se prolongó hasta 1992.
Montano ha sostenido que se podrían haber tomado medidas militares más drásticas como bombardear a la población civil para atajar la rebelión, pero no se optó por ellas. En todo caso, no ha confesado quién ordenó la muerte de los jesuitas ni si él participó en esa decisión. Se lleva así el secreto a la cárcel de Estremera, donde permanecerá hasta que tenga lugar el juicio en la Audiencia Nacional.
Su defensa ha hecho alusión a sus problemas de espalda para pedir que sea trasladado a un centro médico, y el juez ha solicitado que se le derive a un especialista para que se dirima si necesita o no esa atención. El abogado de Montano presentará sendos recursos contra la prisión y contra la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar este caso.
El exmilitar está acusado de cinco delitos de asesinatos terroristas y crímenes de Lesa Humanidad, aunque fue entregado por Estados Unidos a España el pasado miércoles para ser juzgado por asesinatos terroristas, por los que podría ser condenado a más de 30 años de prisión.