El entorno de ETA recaba aliados en la política francesa para presionar a Rajoy

El entorno de ETA lleva meses cocinando entre bambalinas un acuerdo con el Gobierno francés de Emmanuel Macron para lograr una mejora en las condiciones de sus presos en el país galo. El objetivo último, a juicio de los expertos en la lucha contra el terrorismo, es romper la histórica unidad de acción francoespañola y dejar sólo al Gobierno de Rajoy principalmente en la dispersión de reclusos terroristas. Para ello, los proetarras están recurriendo a representantes de todas las sensibilidades políticas de Francia, incluyendo las iniciativas de una exdiputada del Frente Nacional de Lepen o miembros de la sociedad civil y la Iglesia.

Las fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL admiten que este avance de la diplomacia proetarra se está produciendo sin la anterior oposición por parte de las autoridades españolas, centradas actualmente en el envite del independentismo catalán. Los emisarios de la banda han hecho público que mantienen relaciones desde julio con el Ministerio de Justicia galo y usan expresiones como "espacio de trabajo" para describir estas reuniones. Fuentes oficiales francesas admiten a este periódico esos contactos. Ya en 2015 se produjo un acercamiento, pero la entonces ministra socialista Christiane Taubira fue cesada meses después y esa iniciativa se terminó.

El Gobierno de Macron ha vuelto a abrir la puerta. Uno de los apoyos con los que cuenta la delegación que participa en esas conversaciones con el Gobierno es el diputado en la Asamblea Nacional de Francia, Vicent Bru, elegido en las pasadas elecciones por la circunscripción de los Pirineos Atlánticos con el apoyo de Macron. Este dirigente ha participado en recientes concentraciones a favor de los presos terroristas. Preguntado ahora este respecto, el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido se limita a constatar que por el momento no hay ningún cambio en la política penitenciaria de Francia y destaca la colaboración entre ambos países, que siguen pidiendo a ETA su disolución.

El apoyo de Jean Luc Melenchon 

Este lunes el diario Gara citaba una fuente ministerial gala, según la cual "el acercamiento (de presos etarras) no plantea de partida un problema irresoluble al Gobierno 'siempre que esas demandas de traslado respondan a peticiones individuales'". Estas declaraciones se producen después de que este fin de semana las plataformas que capitalizan las movilizaciones en favor de los presos de ETA desplegaran a miles de personas en las calles de París. La marcha estuvo apoyada por un manifiesto titulado Al riesgo de la paz (Au risque de la paix) que firmaron un centenar de personalidades, incluyendo 24 parlamentarios, jueces y académicos.

Piden, entre otras cosas, que España y Francia pongan fin a lo que llaman “estado de excepción” para con el Colectivo de Presos de ETA y que asuman el “proceso de paz”. Entre los abajo firmantes del manifiesto se encuentran pesos pesados de la política gala como Jean Luc Melenchon, candidato este año a la Presidencia en las elecciones por el partido Francia Insumisa. Se quedó a las puertas de disputar la segunda vuelta de los comicios tras una gran remontada durante la campaña electoral. Junto a él, en la terna de firmas, también estaba el exdirigente del grupo terrorista italiano Brigadas Rojas, Toni Negri.

La concentración tuvo lugar el sábado entre la estación de Montparnasse y los aledaños de la Torre Eiffel. Pedían el acercamiento de los 62 internos etarras repartidos en 20 cárceles de la geografía francesa a una media de 600 kilómetros de distancia del País Vasco y Navarra. Los organizadores consideraban un éxito movilizar a más de 10.000 personas y aseguran haber desplegado 11.000 manifestantes. Sin embargo, la Prefectura de Policía de París rebajó la asistencia a 6.200 personas. Muchos de ellos llegaron desde España en dos trenes de 1.000 plazas cada uno y los organizadores fletaron un total de 65 autobuses.

Exministro de Hollande y eurodiputados

Más allá de las cifras, desde el entorno de ETA consideran un éxito su entrada en los círculos políticos y sociales de Francia. Tras la pancarta desfilaron más dirigentes como el eurodiputado del Partido Verde José Bové o el ex candidato socialista a la Presidencia de Francia y exministro, Benoit Hamon. También estaba el obispo Jacques Gaillot, conocido como el obispo rojo y enfrentado al poder de la Iglesia en Roma.

En su búsqueda de aliados, desde el entorno etarra no rechazan tampoco la iniciativa presentada por Joëlle Bergeron. Esta mujer es una eurodiputada que llegó a las instituciones europeas de la mano del partido de extrema derecha de Marine Lepen. Más tarde lo abandonó para integrar el Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia. Es la ponente de la Comisión de libertades civiles de justicia y de asuntos interiores en el Parlamento Europeo. El pasado 5 de octubre consiguió aprobar en el Parlamento de Estrasburgo un informe titulado "Sobre los sistemas penitenciarios y las condiciones en las prisiones".

Su iniciativa condenaba las políticas penitenciarias de algunos estados miembro que, a su juicio, suponen un castigo añadido contra los familiares de los presos y abogaba por acercar a todos aquellos reclusos que cumplen condena lejos de sus domicilios. También recomendaba atender especialmente a los presos enfermos. Estas conclusiones están siendo utilizadas por los proetarras que las hacen suyas a la hora de tratar de influir con su relato.

La posible disolución

El objetivo de la banda es que sus presos en Francia sean concentrados en las cárceles de Mont Marsan o en la de Lannemezan. También que se excarcele a los reclusos enfermos y que se deje de aplicar la categoría Presos Especialmente Señalados, que en la actualidad afecta a 35 presos de la banda en prisiones francesas, entre ellos algunos de sus últimos dirigentes como Jon Salaberría o Ibon Fernández de Iradi, alias Susper (en noviembre se le retiró a siete presos). Una vez logrado este fin en Francia, el objetivo sería lograr lo propio en España, pero en la cárcel de Zaballa (Álava). En España hay todavía algo más de 230 presos de ETA.

Las fuerzas de seguridad alertan de que estas gestiones son la continuación en la estrategia diseñada por ETA antes de su anuncio de cese definitivo de la violencia en 2011. El Gobierno de Mariano Rajoy nunca aceptó la negociación bilateral que la banda pedía para afrontar las llamadas "consecuencias del conflicto", es decir, presos, desarme y retirada de las fuerzas de seguridad del País Vasco y Navarra. Aunque esas aspiraciones siguen intactas, la estrategia ha cambiado y ya no se espera llegar a esa mesa con la colaboración del Gobierno. Lo que se busca es que el Ejecutivo se vea obligado a sentarse por la presión internacional, incluyendo la de Francia, tradicional aliado de España.

Por su parte, el Ministerio del Interior ya cuenta con informes que barajan la posibilidad de que ETA emita un comunicado en el que aborde la cuestión de su disolución. Este domingo el secretario general de derechos humanos, convivencia y cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández afirmaba en una entrevista para Deia que los rumores inicialmente ubicaban ese anuncio a finales de este año o comienzos de 2018, pero ahora aplazan esa decisión al menos hasta la primavera.