Puigdemont alegó en Bruselas que malversar dinero público no es un delito de corrupción

Carles Puigdemont aseguró en Bruselas que gastar dinero público en un referéndum declarado ilegal no es un delito de corrupción. Y con ello, intentó frenar la Orden Europea de Detención para no ser entregado a España. En un escrito presentado el pasado 4 de diciembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la defensa del expresidente catalán, ejercida por el abogado flamenco Paul Bekaert, argumenta que la denuncia presentada contra él por la Fiscalía española contiene "indebidamente la tipificación de corrupción" en referencia a los presuntos delitos de "prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos". 

Cuando la jueza Carmen Lamenla cursó la orden de detención internacional contra Puigdemont, recordó a Bélgica que la legislación de la Unión Europea tiene una especial protección para que los políticos corruptos, sean del signo que sean, no puedan enrocarse en legislaciones de países afines para esquivar la Justicia local. Es por eso que los delitos de "corrupción" no necesitan que el país receptor conciba las acusaciones y las penas de la misma forma que en España.  

Por ello y para evitar su entrega inmediata, la defensa de Puigdemont intentó desligar los gastos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O con un presunto delito de corrupción política. "Al leer los hechos que se recriminan a los demandantes, no puede cuestionarse que estos no pertenecen a la categoría de corrupción", explica el alegato, en referencia a la querella presentada por la Fiscalía española. 

Artificial y abusivo

"Es por consiguiente y de manera totalmente artificial, e incluso abusiva como en Estado español ha aplicado la infracción de la lista establecida en el artículo 5.2 de la Ley sobre ODE (Ordenes de Detención Europeas)", prosigue la defensa del expresidente. 

 La estrategia de desligar el gasto de dinero público en el 1-O con un delito de corrupción es solo una de las patas de su defensa, que se centró, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, en argumentar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy le retiró el aforamiento de forma ilegal gracias al artículo 155 de la Constitución para poder juzgarle en tribunales fuera de Cataluña. "Miembros del Gobierno catalán y del Parlamento catalán, así como otras entidades públicas están siendo perseguidos judicialmente en España", refleja también el alegato de defensa en una de sus primeras páginas.

El segundo gran bloque de su defensa, ahora innecesaria ya que el Tribunal Supremo retiró el pasado 6 de diciembre la petición de detención y envío, es el argumento de que "según el derecho belga, no hay ninguna infracción". "Los hechos que han sido calificados como rebeldía, sedición o malversación de caudales públicos forman parte del procedimiento parlamentario y el del Gobierno, incluida la elaboración del presupuesto de financiación del referéndum y en ese aspecto, no pueden construir una infracción según el derecho belga", explica la documentación presentada por Puigdemont en Bélgica para evitar su extradición. 

A pié de página y para reforzar ese argumento, como documento numero 3 el abogado de Puigdemont cita una "sentencia del 9 de noviembre de 2017" por el que "El Supremo reconoció que no hubo ninguna malversación por parte del gobierno catalán". Ese día, lo que hizo en realidad en tribunal es emitir un auto para poner en libertad bajo fianza a Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

Lejos de la versión aportada por Puigdemont, lo que dice el documento judicial español sobre la posible malversación es que "la actividad ilegal a la que se comprometieron las partidas presupuestarias, llegó a ser finalmente ejecutada, puede inferirse -inicialmente- que hubo de generar alguno de los gastos contemplados en el presupuesto, si bien, será la investigación la que evaluará el alcance concreto de esta actuación". 

Herencia franquista

En el resumen histórico presentado ante el tribunal belga, la defensa de Puigdemont deja entrever además que es la herencia franquista la que ha llevado a su defendido a tomar el camino de la independencia unilateral, tras la presunta represión estatal. 

"Con fecha del 18 de julio de 1936, el general Franco comete un golpe de Estado", arranca esa parte del documento, centrada en "hechos y contexto". "Tras la instauración de la dictadura de Franco, todo lo que era catalán estaba estrictamente prohibido. Cualquier incumplimiento era gravemente sancionado", refleja el documento judicial.

Según Puigdemont, el segundo hito histórico reseñable tras la muerte de Franco sucede tras un salto de 30 años. No hay mención a las décadas de corrupción de Convergéncia, al caso Pujol, a los acuerdos bisagra de los nacionalistas con el Partido Popular y el PSOE en el Congreso. Nada. Pasan tres décadas hasta que el 30 de septiembre de 2005, "el Parlamento nacional español aprueba una ampliación de la autonomía de Cataluña". A partir de aquí, Puigdemont se muestra ante la Justicia belga como el presidente dialogante que tras un referéndum "pospone provisionalmente los resultados de la declaración con el fin de dar tiempo a una mediación internacional y encontrar una solución consensuada". 

Nada dice el documento del pacto secreto entre Puigdemont y el líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras para conseguir, según la documentación intervenida por la Guardia Civil, una negociación con el Gobierno central en dos años o declarar de forma unilateral la independencia. Un plazo de 24 meses que se cumplió de forma casi matemática con la celebración del referéndum del 1-O.