Sanidad asfixió con impagos al competidor de Ferrovial hasta que presentó su renuncia

Primero fue la advertencia de quedar fuera del mercado por las sanciones, luego la presión de una huelga general y las protestas sindicales. Y para terminar, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid asfixió con impagos al licitador mejor clasificado en el contrato estrella de la consejería, el del transporte urgente en ambulancias licitado en 2016.

Según la documentación obtenida por EL ESPAÑOL, la Administración autonómica acumuló en cinco meses y desde que se conocieron las plicas, una deuda de 2,9 millones de euros con Ambulancias Alerta, la firma con mejor oferta económica para ganar el contrato licitado por 82 millones de euros y que terminó tras su abandono voluntario en manos de Ferrovial.

Fue el 12 de enero de 2016 cuando la mesa de contratación hizo públicas las ofertas de todos los licitadores y cuando los responsables de Sanidad les trasladaron oficialmente dos días después su preocupación y descontento. Y fue una de las facturas de ese mismo mes, por más de medio millón de euros, la primera impagada tras años de cumplimiento estricto en los pagos por parte de la Administración.

A partir de ahí, arrancaron los problemas y retenciones en las facturas. Hasta que el 7 de mayo, dos días después de presentar oficialmente su renuncia, la Administración dio orden de abonar de golpe los 2,9 millones de euros que le adeudaba.

Resguardos del pago de dos de las facturas, el día 7 de mayo de 2016.

Sanidad negó que fuera intencionado

Desde 2011, Ambulancias Alerta opera dos de las cuatro zonas del transporte programado de ambulancias en la Comunidad de Madrid. Se encarga por tanto de mover a pacientes (crónicos o con otras patologías) que requieren traslados medicalizados pero sin necesidad de un transporte urgente.

Por eso y desde entonces, la empresa gira a la Administración dos facturas cada mes, por cuantías de 530.000 y 629.000 euros, que sirven para dotar de vehículos médicos las zonas norte y este de la comunidad.

Tras el estallido del conflicto, el 1 de febrero de 2016 la empresa giró como de costumbre sus dos facturas a Sanidad. Pero la consejería solo dio orden al Ministerio de Hacienda para abonar la de menor cuantía. La segunda, por más de medio millón de euros, se convirtió en el primer impago. La demora se repitió con las facturas de febrero, presentadas el 2 y el 8 de marzo, y con las dos de marzo, registradas según la documentación del sistema automático de pago de facturas el 31 de marzo de ese mismo año.

Tras las protestas verbales y según la versión de la empresa, Sanidad desligo siempre el bloqueo de las facturas del conflicto que se vivía con la empresa y lo relacionó con un problema de tesorería que afectaba a varios proveedores. Sin embargo, ninguna otra empresa del sector del transporte sanitario comunicó a la patronal en esas fechas problemas financieros en los pagos de la Comunidad de Madrid. A las preguntas de este diario, la Consejería ha mantenido siempre que el procedimiento de adjudicación se desarrolló "siguiendo escrupulosamente toda la normativa de contratación" y justifican su celo en que "dadas las incidencias en la prestación de este servicio que se habían dado, se puso especial cuidado en que la entidad adjudicataria cumpliera todas las garantías de una correcta prestación del servicio".

En cualquier caso y en total, la suma de los impagos ascendió a 2,9 millones de euros, por lo que la empresa tuvo problemas de tesorería y necesitó financiación bancaria para abonar las nóminas. Además, la fecha es clave en el sector sanitario, ya que el convenio marca que en marzo, todos los trabajadores del transporte medicalizado deben cobrar una de las tres pagas extraordinarias a las que tienen derecho. Eso supone una necesidad extra de capitalización para cualquiera de las empresas. Y un problema importante si el dinero de los clientes -en este caso la Administración- no llega.

El impago de las facturas se mantuvo así, según la documentación oficial, desde el 27 de febrero hasta el 7 de mayo. Fue entonces cuando según la documentación del FACE, el sistema automático de facturación del Ministerio de Hacienda, la Administración cursó la orden de pago para que la totalidad del dinero, las cinco facturas retenidas, fueran abonadas a Ambulancias Alerta. Dos días antes, la empresa dio su brazo a torcer y anunció a los responsables de Sanidad que dejaba de forma voluntaria el contrato, lo que le quitaba la posibilidad de impugnarlo en los tribunales.