Este jueves comienza, de verdad, la cuenta atrás. Los magistrados de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidirán si Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre, puede salir de prisión y, si no, probablemente si le permitirá salir de prisión para ejercer derechos que no tiene restringidos, como la participación política como diputado en el Parlament o como posible candidato a la investidura.
Los partido independentistas, especialmente Junts per Catalunya y ERC, que negocian con absoluta discrección la composición de la Mesa del Parlament (su órgano de gobierno, presidente incluido) como paso previo a la investidura, aseguran día sí, día también, que las decisiones judiciales son, en realidad, políticas y que están poco menos que dictadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Sin embargo, lo que decidan los jueces del Supremo en base a argumentos jurídicos que deberán justificar no sólo tendrá consecuencias políticas sino absolutamente partidistas. Condicionarán la negociación del núcleo duro del independentismo.
Primeros contactos
La puesta en libertad o la garantía de que Junqueras pueda acudir al Parlament en votaciones clave puede hacer de él el principal candidato independentista a la investidura y reforzar mucho la posición negociadora de su partido. En ello confían los principales dirigentes de ERC, que han mantenido contactos en Barcelona y viajado a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont.
El expresident insiste en su investidura a pesar de que tiene muchas menos posibilidades por haber huido de la Justicia y tener así asegurada la prisión preventiva, con las condiciones más restrictivas, en cuanto ponga un pie en suelo español. Para su desgracia, el Parlament no contempla el voto o investiduras telemáticas para un caso como el suyo salvo que se cambie por vías probablemente irregulares.
"Todo está en stand-by hasta este jueves", explican fuentes independentistas, que recuerdan que la decisión que tome el Supremo puede anticipar un criterio similar para otros dos electos: Joaquim Forn y Jordi Sánchez (de Junts per Catalunya), que desfilarán por el alto tribunal el jueves de la semana que viene.
Dimisiones para gatantizar la mayoría
Cada voto cuenta y, si los tres electos en prisión provisional ven garantizada su participación en las votaciones clave del Parlament, los partidos independentistas (ERC, JxC y CUP) reunirían en total 65 diputados, los mismos que tienen todos los demás partidos juntos (Ciudadanos, PSC, Catalunya En Comú Podem y PP).
Sólo faltaría por despejar el futuro de los restantes cinco electos, Puigdemont y cuatro exconsellers (dos de ERC y dos de Junts per Catalunya), que podrían dimitir, todos o parte, para asegurar la balanza hacia el lado independentista a sabiendas de que para ser conseller no es necesario ser diputado en la cámara autonómica.
"Es muy difícil que Puigdemont, que es el presidente legítimo y que nadie pone en duda, pueda regresar y ser investido. Hay que ser realistas, nosotros tenemos un candidato que es el vicepresidente y que puede asumir la presidencia, incluso con Puigdemont en el exilio", explican fuentes de ERC, que recuerdan que les separan apenas 10.000 votos de Junts per Catalunya. "No se puede tener un presidente por Skype", dijo la semana pasada Gabriel Rufián, diputado de ERC.
En ERC nunca han ocultado que creen que Puigdemont no volverá y esperan que este jueves el Supremo rehabilite a su candidato, lo que acabaría por practicamente desactivar a Puigdemont, con el que mantiene una gélida relación. A partir de ese momento, las negociaciones continuarían de otra manera, con una ERC reforzada.
Junts per Catalunya ha informado de que ya habido varias reuniones, incluyendo una reunión en Bruselas con Puigdemont. Según Vilaweb, medio de comunicación a favor de la independencia, de momento aún no hay avances.