Un día de impasse. Es el tiempo con el que cuentan el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, y el gerente de la empresa Orange Market, Álvaro Perez 'El Bigotes', para decidir qué nombres y "datos relevantes" aportarán a la Fiscalía sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Igual que hizo el cabecilla de la trama, Francisco Correa, antes de que comenzara el juicio, sus dos colaboradores han manifestado su intención de colaborar con la Justicia y desvelar detalles importantes para el caso.
Este martes, durante su declaración ante el juez José María Vázquez Honrubia, Correa dijo que Ricardo Costa, exsecretario general del PP de dicha comunidad, habría indicado a Crespo, su segundo de a bordo, a qué empresarios debía facturar los trabajos publicitarios realizados para el Partido Popular. Se convierte así en el primer político valenciano acusado directamente de orquestar la financiación irregular del partido.
La inesperada confesión ha obligado al abogado de Crespo a pedir que el juicio se aplace hasta el viernes para trazar una correcta estrategia con su cliente. Seguirán aportando datos "en la línea de Correa", según ha explicado el letrado Miguel Durán al juez. 'El Bigotes' también estaría dispuesto a tirar de la manta a cambio de una negociación con la Fiscalía.
Camps, el testigo más esperado
Si los dos colaboradores más estrechos de Correa confirman su versión y acusan también a Costa, tanto el secretario general del PP valenciano como su superior por aquel entonces, el presidente del PP valenciano Francisco Camps, volverán a estar en apuros.
No solo Correa ha confesado que su empresa cobró trabajos de publicidad realizados para el Partido Popular a través de facturas a empresas valencianas, sino que han sido los propios responsables de éstas (hasta 9 personas) quienes han reconocido esta forma de financiación irregular.
Durante el juicio que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, Francisco Correa ha contado de manera muy gráfica que el Partido Popular les habría dicho: "si queréis cobrar, tenéis que facturarnos así", en referencia a los cobros a empresarios.
Una revelación que tendrá que aclarar también en sede judicial Ricardo Costa, para el que la Fiscalía pide más de 7 años de prisión. Será difícil que alguna de las acusaciones no le pregunte si su jefe, Francisco Camps, estaba al tanto de ese modo de proceder estandarizado en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Todas las miradas están puestas en ese momento, aunque el expresidente de la Comunidad Valenciana no podrá dar su versión de los hechos hasta el 7 de marzo, cuando está citado a declarar como testigo en el juicio.