El juez admite la querella contra la cúpula de la Sanidad madrileña por el 'caso ambulancias'

La Justicia investigará los contratos del transporte de ambulancias concedidos en la Comunidad de Madrid. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por la empresa Ambulancias Alerta. En ella, los letrados de la sociedad acusan a varios cargos de la cúpula de la Sanidad madrileña de un presunto delito de prevaricación administrativa, tanto en la concesión del contrato de transporte para urgencias hospitalarias, como en uno de los cuatro lotes del programado, por valor de 24 millones de euros.En su auto, el juez considera que hay "indicios de delito" en la descripción de los hechos y oficia a la Comunidad de Madrid para que le entregue copia de sendos expedientes.

La querella presentada por la empresa el pasado 18 de diciembre se centra en las grabaciones publicadas durante la últimas semanas por este diario, donde varios responsables de la Consejería de Sanidad, con el viceconsejero Manuel Molina a la cabeza, presionan en 2016 a la empresa denunciante para que abandone un contrato millonario en el que partían como favoritos tras desvelarse las ofertas económicas de todos los competidores.

Además, la Administración autonómica dejó de abonar a la empresa hasta 3,3 millones en facturas, que fueron liberadas 48 horas después de que Ambulancias Alerta presentara la baja voluntaria solicitada por los responsables de Sanidad, que entregaron después a una filial del Grupo Ferrovial por 76 millones de euros.

Además, la empresa denuncia también la concesión de un segundo contrato en 2017 (el primer lote para el transporte medicalizado no urgente, que hasta ese momento explotaba) a otra empresa que, entre otras presuntas irregularidades que se enumeran en la denuncia, presentó su oferta enmendada con típex.

Primeras diligencias

A juicio del titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Es por ello que el magistrado, pese a no tipificar a ninguno de los responsables públicos nombrados en la denuncia como investigado, al no estar "determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido", considera procedente admitir a trámite la querella y "con carácter previo a acordar la práctica de diligencias" librar un oficio a la Consejería de Sanidad "al objeto de que remita los expedientes administrativos completos" de los dos concursos sobre los que se centra la denuncia.