El Gobierno ha dado el visto bueno a modificar el Código Penal para ampliar los requisitos en los que una persona deberá someterse a la prisión permanente revisable. Para los violadores en serie (cuando cometan el tercer delito), los pirómanos que provoquen fallecidos y los asesinatos en los que no se encuentre el cadáver -como el caso de Marta de Castillo- el Ejecutivo propone endurecer las penas.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en que "no ha sido el Gobierno el que ha puesto encima de la mesa el debate" de la prisión permanente revisable, "sino los demás grupos políticos que han pretendido derogar la pena y los que han traído este debate". Además, ha puesto como ejemplo otros países en los que ya funciona como Francia, Alemania o Italia.
El Ejecutivo ha optado por no incluir en este paquete a las personas que son acusadas de sedición o rebelión, como sería el caso de Carles Puigdemont. "No hemos entrado en esto porque no pretendemos generar más polémica en torno a esta cuestión". A su juicio, es "coherente" que haya sido el Grupo Parlamentario Popular el que haya presentado una propuesta para que los condenados por sedición no sean indultados.
"Los indultos son un ejercicio limitadísimo del Gobierno y hay una crítica social en ello". Además, el Ejecutivo entiende que "no hay que subir las penas" a los acusados por estos delitos.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo entiende que desde que se reformó el Código Penal en 2015 se han reiterado "iniciativas sociales" para reclamar la extensión de la prisión permanente revisable a otros supuestos delictivos "de extrema gravedad". El Ejecutivo cuenta con el respaldo de familias como la de Diana Quer, Marta del Castillo o Sandra Palo, brutalmente asesinadas.