La factura del terror de ETA: “Si no pagaban, amenazados de muerte; si pagaban, muertos en vida”

La organización terrorista ETA atracó, amenazó, extorsionó, secuestró y asesinó durante décadas. El empresariado vasco constituyó una de sus miras y se convirtió en la víctima más silenciada, la que asumió generalmente en soledad el terror impuesto por la banda y la que contribuyó también a financiarla y a que siguiera su cruel camino. Muchos empresarios se resistieron, otros se doblegaron y cargaron con el peso de haber cedido ante la falta de protección de un Estado incapaz de garantizar su seguridad y la complicidad y omisión de gran parte de la sociedad.

El intenso dilema moral al que fueron sometidos lo resume en una frase el coordinador del último libro que se acerca al tema, Josu Ugarte, fundador y director de Bakeaz, extinto centro de investigación asociado a la paz y los derechos humanos: “Si no pagaban estaban amenazados de muerte; si pagaban, muertos en vida”, al tener que soportar su forzada aportación a nuevos atentados y la continuidad de la banda.

Ugarte ha coordinado una obra de autoría coral, La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial (La Esfera de los Libros) en la que siete expertos en distintas disciplinas ofrecen el resultado de sus investigaciones y reflexionan sobre los actos de extorsión de la organización vasca. Entre ellos figuran como coautores el periodista Florencio Domínguez, actual director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, conocido por sus investigaciones sobre la banda, y el profesor de Historia Económica de la Universidad de Alicante, Pablo Díaz Morlán, sobrino del jefe de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha, asesinado por ETA en 1985.

El libro documenta en más de 25.000 millones de euros el impacto económico directo ocasionado por el terrorismo en las arcas del Estado desde 1970 hasta 2013. Una cuantía, en la que destaca el coste de 5.342 por el cierre de la central nuclear de Lemóniz. El 90% del total lo pagó el conjunto de los españoles, según queda reflejado en la obra donde se expone la imposibilidad de precisar la repercusión negativa de ETA en el PIB del País Vasco a través del cálculo del impacto indirecto –inversiones, seguridad, fuga de capital y de cerebros…- acarreado por la violencia.

Hay cifras harto elocuentes mucho más fáciles de contabilizar en esta factura del “terror” girada al sector empresarial. ETA aterrorizó a este sector con 49 secuestros y 52 asesinatos. También extorsionó a entre 10.000 y 15.000 personas; un número impreciso de datar, asentado en la documentación incautada a la banda, aún insuficiente, y con las lagunas inherentes a la complejidad de acercase a un tema tabú hasta hace muy poco tiempo y del que no existe ningún censo.

El cálculo constatado eleva a entre 103 y 106 millones de euros el “rescate” obtenido de los secuestrados y a otros 21,5 lo recaudado sólo hasta 1986 por el fruto de la extorsión o el pago del mal llamado impuesto revolucionario, que se extendía a altos directivos y profesionales liberales. Los atracos, por los que obtuvo 19,4 millones fueron su tercer método de financiación, concentrado en sus primeras épocas.

CLAMOROSA SOLEDAD Y SILENCIO

Ni las policías españolas tenían capacidad operativa suficiente para proteger al amenazado, ni los jueces persiguieron el delito que suponía el pago del chantaje ante la evidente eximente del “miedo insuperable” de quien cedía cuando el Estado se veía incapaz de garantizar su vida. “Faltan por estudiar los aspectos éticos derivados de la extorsión. ETA ponía a los extorsionados ante un dilema moral perverso; si no pagan están amenazados de muerte; si pagan se encuentran en una situación de muerte en vida, porque no hay persona sensible capaz de soportar el peso de haber ayudado a matar a otras personas”, expone Ugarte.

El coordinador de libro destaca la “soledad” en la que vivieron los extorsionados y en este apartado reparte culpas entre partidos políticos, Iglesia, organizaciones sociales y las propias asociaciones empresariales, entre las que únicamente excluye a la Confederación de Empresarios de Navarra, dirigida en su día por José Manuel Ayensa, “la única patronal que ha estado a la altura de la responsabilidad que tenía que asumir”.

“La clamorosa ausencia del más mínimo debate público o institucional” sobre los criterios a seguir en el caso de la extorsión terrorista, “las normas éticas a aplicar”, “los “valores en juego” y el “disvalor de sostener el terror” es puesta asimismo en evidencia en el capítulo firmado por el doctor en Derecho José María Ruiz Soroa.

Una falta de debate que redundó en el aislamiento del extorsionado y que Ugarte atribuye a las urgencias del momento de derrotar policialmente a ETA y a la división política que impidió que los “poderes públicos supieran o pudieran afrontar un fenómeno tan grave”.

En su análisis sobre el contexto político-social vivido se muestra crítico no sólo con la izquierda abertzale que prestó cobertura a ETA, con la “ambigüedad interesada” del PNV y las posturas de otros partidos, que llegaron tarde a los pactos antiterroristas, sino también incluso con las organizaciones de “pacifismo desnaturalizado que interiorizaban la idea del conflicto, avalaban la negociación con ETA y rechazaban calificarla de terrorista”.

En su denuncia comparte la reflexión realizada por el escritor Aurelio Arteta en 2012 sobre el “silencio cómplice del espectador indiferente” que por miedo o comodidad miró para otro lado. “ETA no habría sobrevivido sin la complicidad de una parte no desdeñable de la sociedad vasca, que con su silencio, su indiferencia y su inacción en realidad actuó “a favor” de ETA y contra los que padecían la violencia terrorista”, deja escrito en la introducción de La bolsa y la vida.

EL EJEMPLO QUE NO SE ACABA EN CINCO “HÉROES”

En el libro se evita juzgar a quienes cedieron al chantaje por las “circunstancias tan extremas” que tuvieron que padecer, pero sí se identifica a algunas de las “personas excepcionales” que resistieron “con una actitud heroica”. Algunas lo pagaron con su vida, otras se significaron públicamente y se arriesgaron en mayor grado y muchas, la mayoría, callaron pero no se doblegaron a la extorsión.

Al caso más conocido del presidente de Koipe, el guipuzcoano Juan Alcorta, que mostró su rechazo a pagar en una carta abierta a ETA en 1980, otro de las autores del libro, el historiador Gaikza Soldevilla, ha rescatado del olvido el precedente del alavés Félix Alfaro Fournier, que plantó cara a la banda armada cuatro años antes. El director de la conocida fábrica de naipes Heraclio Fournier dejó escrito en la prensa vasca su negativa a sustentar el terrorismo.

La lista de las víctimas mortales del impuesto revolucionario es larga. Los últimos asesinados fueron José María Korta (2000) e Inaxio Uria (2008), pero se inauguró en 1978 con el constructor José Legasa de Irún, según recuerda Soldevilla.

A Legasa ETA le había exigido diez millones de pesetas y la banda le citó para su entrega en un bar de la localidad francesa de Bayona. El empresario guipuzcoano acudió a la Policía y su extorsionador, Francisco Javier Aya Zulaica, fue detenido y condenado a tres años de prisión en Francia. La banda armada se vengó y al cabo de un tiempo segó su vida con varios disparos en un atentado en el que resultó herido su hermano.

DE CINCO A DOS MILLONES ANUALES

Hay constancia de que ETA presupuestaba de cinco a seis millones de euros anuales para sufragar su actividad criminal, pero en la década de los años 2000 su financiación se redujo drásticamente a cerca de dos millones, que en ocasiones ni siquiera lograron cubrir.

“Hay una correlación directa entre la capacidad de actuación de ETA y la obtención de fondos. Cuanto menos dinero consiguen menos pueden amenazar y extorsionar, y cuanto menos actúan menos dinero logran”, señala Josu Ugarte

La relación es perversa, de tal forma que cuando a mitad los 80 Francia compromete su colaboración en la lucha antiterrorista y empieza a desmantelar el refugio que la organización terrorista mantenía al otro lado de la muga vasca, los ingresos de ETA descienden y la banda intensifica los secuestros por razones económicas, consciente de que ante una amenaza mortal tan tangible pocos se resistían a pagar. “En general, los que no lo hicieron fue porque no pudieron reunir el dinero”, apunta el fundador de Bakeaz.

Desde 2000 la banda terrorista empezó a verse más acorralada. La respuesta del Estado se intensificó a todos los niveles, se firmaron pactos políticos contra el terrorismo y se promovió la ilegalización de Batasuna, la formación abertzale radical que lideraba la adhesión social al terrorismo. La persecución policial resultó más eficaz, con una mayor desarticulación de comandos, y gracias también a que la colaboración francesa no dejó de acrecentarse.

A esta presión y el consenso político se añadió la “tímida reacción social” propulsada por asociaciones como Gesto por la Paz, el Foro Ermua o Basta Ya! que empezaron a disputarle la calle a las organizaciones del entorno de ETA.

A partir de 2002 y 2003, momentos de gran debilidad operativa para ETA, es cuando los autores del libro constatan el declive económico de la banda, que resulta mucho más acusado en 2005, 2006 y los años siguientes. “Su debilidad se traslada a sus finanzas, que se ven reducidas a un tercio, no porque sus comandos se hagan más austeros sino porque el cerco político, policial y judicial se estrecha, caen comandos, cada vez hay más presos, tienen más dificultades de captación, la inexperiencia de sus dirigentes es enorme…”.

NEGOCIOS FRACASADOS

Otras vías de financiación ensayadas por ETA constituyeron auténticos fracasos para la organización. Florencio Domínguez se explaya en la obra en este apartado y cita desde su participación en operaciones de falsificación de billetes hasta su adquisición de productos financieros de un banco español en una oficina francesa.

Destacan también los infructuosos intentos de la banda por estimular la contribución popular mediante bonos distribuidos entre sus simpatizantes -con los que en 1997 pensaba recaudar 105 millones de pesetas, pero con los que tres años después apenas obtuvo 1,4 millones y 2.000 francos franceses- y el identificado como “el efecto euro”. La banda decidió comprar 160.000 dólares a principios de 2002 para rentabilizar la entrada en circulación de la moneda europea en España pero calculó mal y en la especulación monetaria que pretendía acometer perdió el 27% de la inversión realizada.

UNA MICROEXTORSIÓN AL MÁS PURO ESTILO MAFIOSO

El libro no incide en otra extorsión mucho más sutil y no aplicada directamente por ETA sino por su entorno, de la mano de Gestoras Pro Amnistía y otros colectivos, a la hora de recaudar fondos para sus actividades, la promoción del euskera o el apoyo a los presos de la banda.

A las huchas colocadas en bares de las localidades vascas para aportaciones voluntarias se sumaba la “amenaza difusa” del sobre recaudatorio dejado en comercios y pequeñas industrias, cuyos dueños se exponían a ver los locales señalados o con destrozos si no contribuían a lo demandado.

“Queda pendiente un estudio específico sobre esta cuestión y sus similitudes con la actuación de la mafia siciliana que no hemos podido abordar todavía por las dificultades que presenta, pero contamos ya con el testimonio de dos personas sobre la red tejida en determinadas comarcas como la de Gernika”, explica Ugarte.

No tienen recogidos datos suficientes y el fundador de Bakeaz no se atreve a arriesgar una conclusión sobre hasta qué punto este tipo de comportamientos continúan, aunque de forma residual, produciéndose aún en la actualidad.

“Lo que sí afirmamos es que la extorsión practicada por ETA contra el empresariado vasco ha finalizado, no hay pruebas de que siga existiendo”, resume. Lo que no significa que después de más de seis años del cese de la violencia de la banda armada el País Vasco haya recobrado la normalidad.

“La contaminación de la vida política y las relaciones sociales todavía existe, no ha acabado”, afirma apoyándose en un ejemplo reciente; la reunión celebrada el pasado 29 de enero entre el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la cúpula de la patronal vasca Confesbask. El líder de la izquierda abertzale, que fue condenado por su participación en el secuestro de Luis Abaitua, director de Michelin en Vitoria, fue recibido en la sede empresarial por su presidente. Hablaron de economía y de fiscalidad; Ugarte subraya cómo se obvió el pasado. Ninguna mención a ETA, ni a Abaitua, ni a cómo sus secuestradores le hacían jugar en el zulo a la ruleta rusa con una pistola.