Un concejal del Partido Popular alertó a Cristina Cifuentes en 2015 sobre las maniobras ilegales que una empresa de la Púnica realizaba presuntamente con varios miembros de su partido, entre los que se encontraría su número tres, Jaime González Taboada.
Según el testimonio de este edil, la recién nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid se negó a tomar partido y le pidió que acudiera directamente a los tribunales. “Si nosotros nos damos por enterados le tenemos que cesar ahora mismo. Y la presidenta quiere romper con todo lo anterior, así que vete al juez”. Esa fue la respuesta que Jesús Sánchez Yáñez recibió de uno de los principales asesores de Cifuentes, según le explicó al juez
En su comparecencia como testigo ante el magistrado, el concejal de San Fernando de Henares explica que trabajó durante dos años con una de las empresas investigadas por corrupción en el caso Púnica, y alertó de sus intentos de comprar alcaldes y altos cargos de la Comunidad de Madrid tanto a la cúpula autonómica del PP como a la dirección del partido a nivel nacional.
La respuesta de la formación, lejos de adoptar cualquier medida para evitar maniobras ilegales, fue iniciar una “caza de brujas” contra el concejal, que recibió incluso un aviso para que no recogiera su acta como edil, tal y como revelan los audios obtenidos por EL ESPAÑOL.
Una contratación a dedo
“Me afilié al partido desde el año 2009 pero ya no lo soy. Presenté mi baja y mi dimisión en diciembre del año pasado porque puse en conocimiento del partido unos hechos y el partido no hizo nada”. Las palabras de Sánchez Yánez se grabaron el pasado año en Galicia mientras declaraba como testigo ante la jueza Pilar de Lara. Desde 2014 la magistrada investiga el llamado caso Pokemon, una trama de corrupción política que afecta a varios ayuntamientos y en la que investiga por presunto tráfico de influencias a una empresa llamada Unika. Se trata de una constructora que varios años antes contrató como asesor en Madrid a este concejal del PP.
Pese a no tener experiencia alguna en construcción, Sánchez Yáñez pasó a cobrar más de 2.000 euros mensuales tras venir recomendado -según sus propias palabras- por Salvador Victoria, mano derecha del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. “Te llaman de una constructora que no conoces a nadie, te dan 2.240 euros por verdaderamente solo llevar papeles a alguna licitación [...] lo único que me preguntaron es, como llevas mucho tiempo en el partido, entiendo que conocerás a alcaldes. Ah pues sí. Yo conozco a alcaldes, conozco a portavoces, conozco a compañeros, a concejales. ¿Y en la Comunidad de Madrid conoces? Tengo buena relación con Salvador Victoria. Tengo buena relación con Esperanza Aguirre, tengo buena relación con Ignacio González…”
A partir de aquí, Yáñez describe a la jueza las maniobras que la constructora realizaba presuntamente para comprar voluntades en la Comunidad de Madrid, y vincula entre ellas al número tres del gobierno de Cristina Cifuentes, actual consejero de Medio Ambiente y entonces responsable autonómico de las licitaciones del Plan Prisma: Jaime González Taboada.
En su declaración, el expolítico del PP explica que Unika se presentó a un concurso de la Comunidad de Madrid pero incurrió en una baja temeraria. “Y me dicen: ¿Tú no conoces a Jaime González Taboada? Hombre pues sí, le conozco, porque de hecho va mucho por allí, por San Fernando, porque es una persona que lleva municipios y yo como estoy en un municipio.. Si quieres voy a hablar con él pero difícilmente nos lo van a adjudicar porque la norma no escrita es que no se cogen bajas temerarias. Y me contestan: bueno, tú vete a hablar con él que para eso Jaime tiene buenos coches”.
“A la semana -prosigue el concejal- nos llaman de la Consejería de Presidencia y me dice: te mando la documentación por mensajero para que la presentes. Se va a justificar la baja temeraria y ya verás como nos lo adjudican. Y efectivamente”.
En su comparecencia, enviada ahora a la Audiencia Nacional por si pudiera tener relevancia en el caso Púnica, el concejal describe cómo los responsables de Unika le pidieron que gestionara con la Administración autonómica el pago de dos facturas vinculadas con un colegio en Valdemoro. Una operación que se investiga ya en esa causa.
Además, desveló la presunta intención de la constructora de comprar al alcalde de Leganés, Jesús Gómez, a cambio de una reforma en su casa. “Le alerté de que se lo iban a ofrecer y que no lo cogiera”, explica el concejal sobre sus palabras al primer edil de Leganés. Además, Sánchez Yáñez relató ante la jueza el presunto intento de amaño de un contrato de piscinas en Galapagar.
"Me ha hecho la vida imposible"
Sánchez Yañez emprendió, según su versión, una doble vía para denunciar estas irregularidades. Por un lado y gracias a un amigo, puso los hechos en conocimiento de los agentes de Vigilancia Aduanera y aportó facturas, mensajes y otras pruebas para acreditarlos. Y por otro, acudió a la dirección de su partido.
“Hasta ese momento yo era una persona que llegaba al partido y yo tenía acceso directo, subía a la cuarta planta, estaba superbien reconocido e incluso bien posicionado para poder ir no solo en listas municipales sino en listas autonómicas [...] A partir de ese momento, el partido me ha hecho la vida imposible. Ha empezado una caza de brujas total porque fue ir a la Comunidad de Madrid y la misma tarde que yo voy a la Comunidad de Madrid el presidente local de mi partido recibe una llamada diciendo que intentara que no cogiera yo el acta, porque el partido me iba a dar una colleja por ir a denunciar unos hechos”.
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