La fiscalía alemana de Schleswig-Holstein se ha mostrado a favor de que el Tribunal tramite la extradición del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, como había pedido el Gobierno de España, por rebelión y malversación.
Además, ha pedido mantener en prisión al expresidente por riesgo de fuga mientras el Tribunal toma una decisión y lo acusa de liderar un referéndum anticonstitucional que podría llevar aparejado violencia.
La Fiscalía alemana decide sobre Puigdemont
Puigdemont lleva más de una semana en prisión provisional esperando que el tribunal alemán decida su futuro después de que fuera detenido el pasado 25 de marzo tras cruzar la frontera con Dinamarca, en cumplimiento de la euroorden dictada por el juez Pablo Llanera del Tribunal Supremo español.
"La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos", destaca en un comunicado la Fiscalía, que considera que el delito que imputa la Justicia española a Puigdemont puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán.
"No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles", subraya.
Las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre de 2017, continúa la Fiscalía, se corresponden con el delito de malversación también recogido en el Código Penal alemán.
Puigdemont, explica la Fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a esas advertencias y comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum.
"Continúan la razones para su detención por riesgo de fuga", subraya la Fiscalía, quien considera que medidas menores a la prisión no garantizan su permanencia en Alemania mientras la Audiencia Territorial de Schleswig decide sobre su extradición.
El expresidente trataba de regresar a Bruselas, donde residía desde que huyó de la Justicia española hace cinco meses, luego de una visita de dos días a Finlandia, donde había ofrecido una conferencia y se había reunido con parlamentarios finlandeses.
Un día después de su arresto, un juzgado de primera instancia alemán decretó que permaneciese en prisión de forma provisional mientras la fiscalía estudiaba la petición de extradición española porque consideraba que había riesgo de fuga.
Durante su estancia en la cárcel, el líder separatista ha recibido la visita de sus abogados, el español Jaume Alonso-Cuevillas y el alemán Wolfgang Schonburg, así como de varios políticos alemanes, como el eurodiputado euroescéptico Bernd Lucke y el diputado de La Izquierda Dieter Dehm.
La Audiencia Territorial de este condado tiene que decidir ahora qué hace con el expresidente, en un proceso que podría durar entre 60 y 90 días.