Siete víctimas del terrorismo, todas ellas miembros del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), han reclamado esta mañana frente al Ministerio del Interior que el Gobierno de la orden de disolver definitivamente a ETA y que las Fuerzas de Seguridad sean las únicas protagonistas de su final. Las víctimas, encabezadas por Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo, han denunciado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha negado hasta ahora a recibirlas y han manifestado públicamente las preguntas que querían transmitirle en privado: por qué este Gobierno no disuelve a ETA, por qué permite que ETA escriba el relato se su final y por qué se niega a escenificar su derrota.

“Hace siete años que ETA anunció el cese de la violencia y desde entonces el Gobierno le suplica que se disuelva. No oímos decirles a los terroristas del Dáesh que se disuelvan, ni a los ladrones que dejen de robar, ni a los violadores que dejen de violar. Porque a los delincuentes no se les suplica, se les detiene. ¿Por qué a los etarras no?”, ha cuestionado la presidenta de COVITE.

Ordóñez se ha referido un comunicado de Interior enviado el pasado domingo en que admitía que quedaban “una decena” de etarras en las filas de ETA: “Si saben que son diez, ¿por qué el ministro del Interior no da la orden de detenerlos?”.

Junto a Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado en San Sebastián el 23 de enero de 1995, han estado Ana Velasco y Begoña Velasco, hijas de Jesús Velasco, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava y asesinado por ETA el 10 de enero de 1980, y Ana María Vidal-Abarca, cofundadora de la AVT; Concepción Martín, viuda del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA en Madrid el 21 de enero de 2000; María Jesús González, víctima de un atentado de ETA junto a su hija, Irene Villa, el 17 de octubre de 1991; Antonia de Frutos, hija del cabo primero de la Guardia Civil Antonio de Frutos, asesinado por ETA el 3 de mayo de 1976; y Concepción Fernández, viuda del guardia civil Aurelio Prieto, asesinado por ETA el 21 de noviembre de 1980.

Las víctimas han portado carteles en los que se puede leer: “Queremos la derrota policial de ETA”; “¿Por qué este Gobierno no disuelve a ETA?”; “Un Gobierno no suplica a ETA que se disuelva, la disuelve”; y “Política penitenciaria sí, política de gracia, no”.

Consuelo Ordóñez ha denunciado que desde el anuncio del “cese de la actividad armada de ETA”, el 20 de octubre de 2011, el Gobierno "ha permanecido impasible" ante los movimientos de la organización terrorista: no ha investigado la supuesta destrucción de armas por parte de ETA en diciembre de 2016 en Luhusso (Francia), pese a que podrían servir para esclarecer los casi 400 crímenes sin resolver de ETA; tampoco ha cuestionado el supuesto desarme de Bayona, puesto en entredicho por la lucha antiterrorista francesa; ha ignorado las informaciones que apuntaban a que el etarra David Urdín Pérez estaba limpiando las armas utilizadas por la banda; y ha hecho oídos sordos a las mentiras de la izquierda abertzale en torno a cambios en la política penitenciaria francesa, obligando a COVITE a acudir al Ministerio de Justicia francés para informarse y desmontar la propaganda.

El Colectivo alerta que el Gobierno ahora podría permitir el “teatro de la disolución” con un “supuesto aval internacional”, en lugar de “frenar la propaganda, desplegar la diplomacia y darnos la foto de la derrota de ETA”. “Los únicos protagonistas del final de ETA deben ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Falta la operación final que termine de desmantelar la banda: solo esa foto será la certificación de que la derrota se ha producido”.