Suiza pidió a España la detención del informático Hervé Falciani, arrestado ayer en Madrid, tras confirmar que la líder de la CUP Anna Gabriel se refugiaría en su país. Según ha confirmado la Policía Nacional, la orden de detención helvética llegó a España el pasado 19 de marzo, pero según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el motivo de la petición es muy anterior: una sentencia de mayo de 2016 en la que el informático fue condenado en rebeldía.
Falciani se convirtió en 2008 en la pesadilla del gobierno suizo cuando puso en riesgo su principal negocio: el secreto bancario que blindaba a miles de defraudadores de todo el mundo. Falciani se llevó ese año una base de datos con información confidencial, cuentas secretas y saldos de miles de clientes del HSBC, uno de los bancos más herméticos del mundo y la entidad bancaria donde trabajaba.
Desde entonces, el informático arrancó un periplo que le llevó a ser detenido en España. En 2013 y cuando ya estaba el libertad provisional, la Audiencia Nacional decidió que Falciani no sería entregado a Suiza. Lejos de eso, fue protegido por el Centro Nacional de Inteligencia como un importante activo en la lucha contra el fraude fiscal y comenzó a trabajar estrechamente con la Fiscalía Anticorrupción. Gracias a su colaboración se han abierto cientos de procedimientos contra grandes defraudadores tanto en España como en Francia, donde residía en los últimos años, y en otros países de la UE que han recibido datos sobre el dinero escondido en Suiza.
Así, Hervé Falciani llevaba nueve años entrando y saliendo de España con pasaporte italiano, carta de identidad francesa y una completa normalidad auspiciada por varios estamentos de la Administración española. Pero eso ha cambiado tras la petición cursada por Suiza el 19 de marzo de este año. Una petición que se centra en los mismos motivos que ya rechazó de forma definitiva la Audiencia Nacional para entregarle en 2013.
¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué hay sobre la mesa que haga diferente esta petición de arresto? Solo un elemento cambia en la historia reciente de la relación entre España y Suiza. El 21 de febrero, un mes antes de la petición contra Falciani, la diputada de la CUP Anna Gabriel anunciaba que se fugaba de la Justicia española para refugiarse en Suiza. Tres días después de la petición de Suiza para detener a Falciani, era Marta Rovira, número dos de Esquerra Republicana, la que hacía un anuncio similar y se ponía en fuga.
Anna Gabriel y la Justicia española
Con su decisión de ponerse en fuga, Anna Gabriel se convertía en la sexta persona relacionada con el procés que huía de la Justicia Española, después de que Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consellers -Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toní Comín y Lluis Puig- se marchasen a Bélgica.
Gabriel se definió a sí misma como una "perseguida política" ante las cámaras de los medios suizos. Trasladó su situación jurídica al ámbito político y definió sus intenciones en su nueva estancia: "Voy a intentar trabajar e instalarme aquí. Si no puedo, porque hay una orden de extradición, pediré asilo político".
Olivier Peter, abogado de la ex diputada de la CUP, incidió en que "los Estados de Derecho no extraditan a gente perseguida por razones políticas": "[Anna Gabriel] se enfrenta a una vulneración clara de la exigencia de un juicio justo en el procedimiento español".
¿Cuál fue la respuesta de la Justicia española? El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tomó nota de los precedentes de Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos a Bélgica: ordenó la detención de Anna Gabriel siempre que se encontrase en España, pero no reclamó a Suiza su arresto.
Asimismo, la secretaria general de Esquerra Republicana (ERC) Marta Rovira anunció el pasado 23 de marzo que también se marchaba a Suiza para eludir la acción de la Justicia. "Camino del exilio", afirmó en una carta publicada el mismo día que debía comparecer ante Pablo Llarena. Su anuncio se produjo tres días después de que Suiza pidiera a España la detención de Falciani, la principal piedra en su zapato de la historia reciente.
La conexión libanesa
Tras su detención de este miércoles, el informático se encuentra de nuevo en manos de la Audiencia Nacional, que tendrá que decidir de nuevo sobre unos hechos que en nada han cambiado con los presentados por Suiza en 2012.
Según la documentación oficial del caso en Suiza, Falciani está acusado de robar una base de datos con información de 120.000 clientes del HSBC y trasladarse a Líbano para intentar venderla a varias empresas privadas. Allí según la Fiscalía helvética, Falciani se movió bajo documentación falsa a nombre de Ruben Alchidiack y se presentó como el responsable de ventas de una empresa con sede en Hong Kong y oficina en Suiza. Además y según el procedimiento que se siguió contra él en suelo suizo, Falciani se puso en contacto con instituciones públicas para ofrecerles acceso, a cambio de dinero, a los datos de clientes y cuentas bancarias que se escondían en el HSBC.
Por ello, Falciani fue juzgado en rebeldía y condenado a cinco años de prisión. Ahora, dos años después de la decisión judicial, Suiza utiliza por primera vez esta sentencia para reclamar al informático en suelo español. El escrito helvético argumenta incluso que esa decisión judicial tiene rango de Orden Europea de Detención, por lo que España tiene que proceder a su arresto y entrega inmediata. Sin embargo, la última palabra vuelve a estar en manos de la Audiencia Nacional. El mismo tribunal que ya decidió no entregarlo.
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