El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha asegurado este miércoles que no se le ha dado traslado "jamás" de un informe de la Intervención General que pidiera su actuación "directa" como consejero de Hacienda ante posibles irregularidades en la gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis investigadas que concedía la Consejería de Empleo. De esta manera Griñán se desentendía de cualquier responsabilidad en el juicio de los ERE.
"No se me ha dado trasladado jamás de informes de la Intervención General que pidiera mi actuación directa como consejero", ha asegurado Griñán, que estuvo al frente de la Consejería de Economía y Hacienda desde abril de 2004 hasta abril de 2009. En este sentido, ha precisado la actuación de un consejero a petición del interventor debe seguir un procedimiento reglado por el Consejo de Gobierno.
A preguntas del fiscal anticorrupción Manuel Fernández sobre el informe adicional de Control Financiero Permanente del interventor general en 2005 sobre las cuentas del IFA del ejercicio de 2003, en el que se alertaba del uso "inadecuado" del procedimiento usado para la concesión y pago de las ayudas, Griñán ha señalado que "no lo conoció porque no le fue remitido".
El informe, según explicó el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez en su declaración, fue remitido a los consejeros de Innovación, Empleo y al de Economía y Hacienda, el propio Griñán, a través de la viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
Girñán se desentiende de los ERE
"Fiscalización previa"
Griñán ha asegurado este miércoles en el juicio que tuvo conocimiento de su existencia cuando era público con el inicio de la causa judicial. Entonces, según ha narrado, "pregunté por ellos y -Carmen Martínez Aguayo- me dijo exactamente que ninguno había sido remitido para actuación del consejero".
Sobre las transferencias de financiación, modo en el que la Consejería de Empleo le hacía llegar a IFA/IDEA los fondos para pagar ayudas sociolaborales y a empresas, Griñán ha indicado que éstas son el modo de "allegar recursos de una administración a otra o a una empresa". Además, ha asegurado que éstas "no impedían la fiscalización previa".
Griñán, que durante su declaración ha admitido que "no tenía claro" que IFA/IDEA hacía el pago de las ayudas "o algo más", ha explicado que si un órgano determina conceder una ayuda, ésta se somete a los requisitos de fiscalización por parte del concedente, en esta causa hablamos de la Dirección General de Trabajo.
El expresidente de la Junta, de otro lado, ha asegurado que cuando en 2011 comenzó la instrucción de esta causa "propuso" al Consejo de Gobierno que "todo el 31L, desde el año 2001 hasta 2010 se fiscalizara por la Cámara de Cuentas".
Tras esto, el fiscal ha interrogado a Griñán sobre diferentes cuestiones de la gestión de las ayudas como quién negociaba con las aseguradoras con las que se firmaban las pólizas que tenían que suscribir los beneficiarios o si se fiscalizaban las pólizas. El exconsejero ha asegurado que las pólizas las negociaban los trabajadores y las empresas.