35.000 se manifiestan en Pamplona a favor de los acusados del 'caso Alsasua'

Miles de personas, 35.000 según la delegación del Gobierno, han participado este sábado en una manifestación en la que han pedido "justicia" para los encausados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, y han defendido que "no es terrorismo".

La manifestación, convocada por los familiares de los encausados agrupados en Altsasu Gurasoak y la plataforma vecinal Altsasukoak Aske, se celebra dos días antes del inicio del juicio, este lunes en la Audiencia Nacional. La marcha ha partido pasadas las 17.30 horas de la Plaza de Europa, junto a los cines Golem, y ha recorrido la avenida Bayona, la avenida del Ejercito, Baja Navarra, Carlos III para finalizar en la Plaza del Castillo donde se ha leído un comunicado.

La movilización ha contado con el apoyo oficial del Parlamento de Navarra que el pasado lunes aprobó una declaración institucional, con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y la oposición de UPN, PSN y PPN, en "apoyo" a esta manifestación. También se ha adherido el Gobierno de Navarra, con la presencia de su portavoz María Solana, el Ayuntamiento de Pamplona, con la participación del alcalde Joseba Asiron, así como Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Izquierda-Ezkerra y los sindicatos CCOO, ELA y LAB.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la manifestación Edurne Goicoechea, madre de uno de los encausados, ha declarado que "este año y medio ha sido un calvario y sólo nos hemos sentido arropados por la fuerza y el cariño de la gente que hoy se está demostrando de manera palmaria". "La sensación de injusticia que estamos padeciendo es una situación que percibe la ciudadanía", ha destacado.

"No podemos permitir que jueguen con la vida de nuestros hijos con las cartas marcadas y negándoles un futuro sólo por sus intereses", ha criticado Goicoechea que ha reconocido que afrontan el juicio de este lunes "sin mucho optimismo porque nos han denegado la mayor parte de pruebas" así como la recusación de la magistrada que juzgará el caso "porque está casada con un alto mando de la Guardia Civil". "Vamos a un juicio donde al menos la apariencia de justicia no se ve", ha opinado.

De la misma manera, ha valorado la petición de Amnistía Internacional de que se retiren los cargos de terrorismo en esta causa y ha indicado que "es algo que a lo mejor el Gobierno de España se lo tendría que hacer mirar". "Quieren equipararse con una democracia homologable pero los hechos les están poniendo en la picota. Esta situación no ocurre en una democracia plena", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Alsasua, Javier Ollo, ha reivindicado "justicia y para que exista justicia es necesario proporcionalidad". Ollo ha destacado que la manifestación ha contado con "personas de distintas ideologías, que también tenemos diferencias a la hora de valorar estos hechos, pero hay un elemento que nos une: que estos hechos no se pueden calificar como terrorismo". "Tratando estos hechos como terrorismo se está devaluando el concepto de terrorismo", ha aseverado.

Gobierno y cuatripartito critican la "desproporción" del caso

A la manifestación ha acudido en representación del Gobierno de Navarra su portavoz, María Solana, con el objetivo de "aparecer como garantes de la defensa del principio de proporcionalidad y de una justicia que sea igual para todas las personas".

Solana ha pedido que "se respete el principio de proporcionalidad" en esta causa que "creemos ha quedado sin garantía en este procedimiento" y que "colisiona directamente" con "una prisión preventiva que dura ya más de 500 días para algunos de los jóvenes afectados".

Además, ha considerado que "lo justo hubiera sido que el caso se hubiera juzgado en Navarra" tal y como lo expresó, ha recordado, "el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que dijo que creía que la competente para este caso era la Audiencia provincial de la Comunidad foral".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Navarra, cuando se produjo la agresión a los guardias civiles, "condenó lo ocurrido, apoyó a las víctimas, pero desde el primer momento pidió que se trabajara esto de manera justa".

También han participado miembros del cuatripartito que apoya al actual Gobierno foral. El portavoz de Geroa Bai, Unai Hualde, ha considerado que en este caso "hay una flagrante falta de proporcionalidad" y "una violación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales".

"No hay derecho a que estos jóvenes, por una agresión que en otros lugares no pasa de una multa, estén enfrentándose a penas de 50 y 62 años de cárcel", ha incidido Hualde que ha opinado que "algo raro está pasando aquí y en la justicia española" y ha destacado que "Europa está mirando hacia lo que pase en el juicio".

Por su parte, el representante de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha reivindicado "justicia" y ha censurado la "absoluta desproporción entre lo que pasó y lo que se está pidiendo para estos jóvenes", que ha pedido que "estén en la calle". "No es casualidad que esto se produzca en Navarra", ha aseverado

Araiz ha resaltado que con esta manifestación la sociedad navarra está diciendo que "ya basta con estos abusos" y que "lo que pasó en Alsasua no fue terrorismo".

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha recordado que su formación "desde el principio condenamos la agresión de Alsasua pero también dijimos que esto no era terrorismo". "No se puede banalizar el concepto de terrorismo", ha declarado Santos que ha indicado que "en 2015, PP y PSOE, en el marco del pacto antiyihadista, acordaron la extensión" del término de terrorismo "que está teniendo unas consecuencias terribles e injustas".

"La sociedad navarra sabe perfectamente lo que es el terrorismo y lo rechaza, y no entiende que dentro de este concepto esté lo que ocurrió en un bar de Alsasua en un contexto de alcohol a altas horas de la mañana", ha concluido.

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra ha pedido "justicia, que no impunidad" porque "nos parece una auténtica desproporción y una barbaridad todo lo que ha ocurrido en este proceso desde que se calificó el delito como terrorismo, pasando por la prisión preventiva y terminando con una petición de pena totalmente desproporcionada".

De Simón ha esperado que en el juicio que se inicia el lunes "se haga justicia; estos jóvenes ya han cumplido más que suficiente con los días que llevan en prisión". Asimismo ha abogado por "derogar las medidas de excepción del Código Penal" y ha afirmado que "las derechas de este país están utilizando este caso para intentar volver a confrontar a la sociedad".