Los datos de la investigación sobre una presunta malversación de fondos en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre obligarán al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a desdecirse ante el juez Pablo Llarena sobre sus declaraciones: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", señaló el titular de la cartera. Una contundencia que se tambalea con los primeros indicios del sumario.
La investigación sobre la supuesta malversación de fondos públicos en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre se centra en un vasto espectro de detalles contables. Las primeras conclusiones ponen el foco sobre cuatro partidas que suman un montante próximo a los 1,6 millones de euros (aunque según se ha sabido a última hora de este miércoles, el juez Llarena ha elevado esa cantidad hasta los 1,9 millones de euros). Dinero que, en primera instancia, podría proceder de las arcas públicas de Cataluña alimentadas por el Gobierno central a través de diferentes vías de financiación.
Fuentes conocedoras del sumario señalan la complejidad del mismo. Cristóbal Montoro apuntó en su entrevista en El Mundo a las "urnas del chino". La celebración del referéndum del 1 de octubre, no obstante, se sostuvo sobre otros muchos elementos: cartelería, sistemas informáticos, papeletas, campaña para el exterior...
La supuesta malversación de 1,9 millones de euros es precisamente uno de los motivos en los que se ha basado el juez Pablo Llarena para pedir a la Justicia alemana la entrega de Carles Puigdemont. Sobre el foco figuran otros exaltos cargos del Govern, como el exconsejero de Presidencia, Jordi Turull, quien supuestamente habría autorizado el gasto de 502.639,61 euros en publicidad del referéndum ilegal del 1 de octubre, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.
Las consecuencias de las declaraciones
Con una investigación y un proceso judicial en marcha, Cristóbal Montoro afirmó que el referéndum del 1-O no se pagó con "dinero público". Este miércoles, el juez Pablo Llarena requirió al ministro de Hacienda para explicar "a la mayor brevedad posible" para que explicase tal afirmación.
El magistrado del Tribunal Supremo requirió a Montoro "el concreto soporte objetivo" de sus declaraciones: "Habiéndose objetado por varios de los procesados en sus declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018 la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros, y fundado sus alegatos en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción, requiérase al excmo. sr. ministro de Hacienda, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, a fin de que informe, a la mayor brevedad posible, sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones".
A última hora del día, el Ministerio de Hacienda y Función Pública emitió un comunicado en el que valoraba "positivamente" el requerimiento del magistrado: "Da la oportunidad a este departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña que hasta ahora no se habían solicitado".
Rajoy: "Ni un solo euro"
El pasado 7 de febrero, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, instó a Mariano Rajoy a que aclarase las conclusiones del juez de instrucción nº 13 de Barcelona, que apuntó que el referéndum del 1 de octubre se pagó "en todo o en parte" con el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "Como puede usted entender Hacienda no paga factura alguna para costear el supuesto referéndum ilegal", respondió el presidente del Gobierno, tras afirmar que "ni un solo euro" se había destinado a estos fines.
Rajoy niega que el 1-O se financiara con fondos públicos
Este miércoles, Belén Navarro, secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, comparecía en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Lo hacía mientras el juez Llarena redactaba el requerimiento a Cristóbal Montoro para que aclarase el fondo de sus rotundas declaraciones.
Belén Navarro ofrecía la siguiente conclusión: "Tengo que decir que este tema está siendo objeto de estudio por parte de los tribunales y de los órganos jurisdiccionales por si considerasen que se ha desviado algún dinero que no corresponda a lo que he comentado, o bien que el pago de facturas que está certificado por interventores realmente no correspondiera a tal fin".