Los Comités de Defensa de la República (CDR) llaman a concentrarse frente a las puertas de las sedes de las Fiscalías en Cataluña. Lo hacen a través de sus redes sociales y sistemas de mensajería instantánea. Es su respuesta a las últimas decisiones del ministerio público, en las que vinculan la actividad de estos grupos con delitos de terrorismo y rebelión.
En todos estos movimientos hay un rostro visible: el de Tamara Carrasco, presunta cabecilla de los CDR detenida por la Guardia Civil el pasado 10 de junio. La Fiscalía solicitó su imputación por los delitos de rebelión y terrorismo, y el caso pasó a juzgarse en la Audiencia Nacional. El juez Diego de Egea, en contra del criterio del ministerio público, rebajó la investigación a un delito de desórdenes públicos y dejó en libertad a la detenida.
La Fiscalía considera esta decisión prematura, tal y como adelantó EL ESPAÑOL. Por eso ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del magistrado. En otras palabras, que a Tamara Carrasco se le vuelvan a imputar delitos de terrorismo y rebelión, y se ordene su ingreso en prisión provisional incondicional.
Los miembros de los CDR son conscientes de que la causa judicial de Tamara Carrasco marcará la senda ante futuros casos. De ahí su campaña de presión ante las sedes de de los fiscales en Cataluña.
"¡Nos sobran narices!", reza el cartel difundido por estos grupos. La referencia apunta a los fiscales catalanes, estableciendo un símil con payasos. "Todos a las sedes de las Fiscalías de Cataluña", convocan.
Los antecedentes: Magaldi y Llarena
No es la primera vez que sectores radicales catalanes acosan a los estamentos judiciales con el ánimo de presionarles ante determinadas decisiones trascendentales. "No conozco a ningún constitucionalista que haya ido a amenazar, a coaccionar o a pintar la fachada de ningún independentista. Y sí a muchos independentistas que han hecho escraches a los jueces, pintadas en los comercios y en las viviendas y cortar los suministros de energía a servidores públicos como jueces y fiscales", señaló recientemente el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Uno de esos ejemplos se sostiene en Ana María Magaldi. La fiscal jefe de Barcelona sufrió un sabotaje en su casa de un pueblo en el Pirineo catalán: desconocidos accedieron a la vivienda y le cortaron la calefacción y los cables de la televisión.
Magaldi cuenta con escolta desde que arrancaron las actuaciones de la Fiscalía contra el proceso soberanista. Entre ellas, las querellas que han supuesto el ingreso en prisión de los miembros del Govern cesado y de los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
La fiscal jefe también sufrió un escrache de un grupo de 20 o 30 personas frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): "Me insultaron. Me llamaron 'mierda', 'fascista', 'eres una mierda'; 'vete de Cataluña, fuera', 'tú eres la fiscalía, tú nos condenas por poner las urnas ¡Qué vergüenza!'".
Otro que sufrió las presiones de los radicales fue el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena: "¡Llarena fascista! Ni en Das [localidad ubicada en la Baja Cerdaña], ni en ningún sitio". "Los Països Catalans serán tu infierno". "Libertad presos políticos". Las pintadas aparecieron a la puertas de su casa un día después de la encarcelación de Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva.
Ahora, los CDR toman el testigo de esta campaña y ponen el foco en los fiscales. Con su presión pretenden amedrentar a quienes les relacionan con delitos de terrorismo y rebelión.
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