La Justicia del principado de Mónaco se ha puesto en contacto con España para preguntar qué hace con el dinero bloqueado en sus bancos al empresario Francisco Correa durante la operación Gürtel. En mayo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó bloquear una cuenta con 4,3 millones de euros custodiados en el banco Crédit Foncier a nombre de una sociedad panameña llamada Adama Holdings. Detrás de ella según las investigaciones judiciales se escondía Francisco Correa, principal investigado en la trama. Sin embargo, ocho años después todavía no hay una sentencia sobre el caso. Y Mónaco pregunta qué hacer con el dinero.

Así, el 11 de abril de 2018, la oficina del Fiscal General del Principado de Mónaco hizo llegar un escrito a los órganos de cooperación de la Justicia española. En él, el organismo monegasco recordaba que el bloqueo de las cuentas se hizo únicamente por un período de dos años. Pero han pasado ya ocho sin que nadie se ponga desde España en contacto con ellos ni de una sola indicación sobre la marcha de las investigaciones o la posible puesta en circulación de los fondos.

El escrito de la Fiscalía de Mónaco explica que tras una comisión rogatoria enviada por el juez Antonio Pedreira hace ocho años reclamaba el bloqueo de tres cuentas distintas: una a nombre de Gestiones Patrimoniales Tudcon SL, que ya no existía en el momento de la orden judicial, otra inscrita para la sociedad panameña Fairway International, que fue vaciada antes de que la comisión rogatoria española llegara a Mónaco, y una tercera abierta a nombre de una firma llamada Adama Holdings en el Crédit Foncier de Mónaco. Es en esta cuenta, en la que Correa figura como "manager general" y en la que su número dos Pablo Crespo tenía también firma, la que tenía un saldo de 4,3 millones de euros.

El escrito de la Fiscalía de Mónaco recuerda que "de acuerdo con la solicitud del magistrado instructor, el presidente del Tribunal de Primera Instancia de Mónaco emitió el 16 de junio de 2010 una orden de bloqueo de fondos de las dos últimas cuentas, con una duración de dos años. Salvo error por nuestra parte, no se ha presentado ninguna solicitud de renovación de dicha orden".

Por ello, "el Fiscal general de los tribunales del Principado de Mónaco desearía conocer el curso seguido por el procedimiento judicial, la eventualidad de una decisión de confiscación por parte de las autoridades judiciales españolas y la perspectiva de una solicitud de asistencia penal internacional a efectos de ejecución de una decisión de confiscación".

"Habida cuenta del tiempo transcurrido, les rogamos que la respuesta sea rápida", concluyen los portavoces de la Justicia monegasca.