El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha declarado este lunes que "suscribe de la A a la Z" lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la presunta malversación de caudales públicos en Cataluña.
El juez Llarena ha requerido a Montoro a explicar por qué ha afirmado que la Generalitat no destinó dinero público a financiar el referéndum ilegal del 1-O.
Según Fernández de Moya, el ministro, quien asegura que no se ha utilizado dinero público para financiar el referéndum, "se ha dedicado escrupulosamente a cumplir con la Ley, a establecer un control de gasto de manera férrea para que ni un solo euro se destinara a pagar causas independentistas".
En esta línea, ha insistido en que el Gobierno central ha cumplido con su obligación y ha respondido a lo que era un "desafío al Estado de Derecho, a la unidad nacional y a la carta magna de la Constitución Española".
Además, ha puesto en marcha controles para asegurar que no se desviara ningún euro público hacia los referendos que habían sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
"Cumplimos nuestra obligación"
"A eso es a lo que nos hemos dedicado desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a cumplir con nuestra obligación, con nuestra responsabilidad, controlar el gasto como ya veníamos haciéndolo desde 2015", ha subrayado.
Asimismo, ha informado de que van a remitir a la autoridad judicial a "la mayor brevedad posible" toda la documentación de esos controles de gastos desde el 2015. En este punto, ha aclarado que no le corresponde a él "valorar si hay o no un tipo de delito penal u otro, le corresponde a la justicia".
Para Fernández de Moya no habrá lugar a dudas, "gracias a la abundante documentación sobre los controles del Ministerio desde el año 2015" y existiendo una "plena disposición para explicar cómo se han hecho, quiénes lo han hecho o cuándo se han hecho".