El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto diligencias para investigar las denuncias presentadas por un presunto delito de falsedad documental en relación con el máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha citado a declarar como investigado al catedrático Enrique Álvarez Conde, director del polémico máster de la expresidenta madrileña, por un presunto de falsedad documental.
También cita a declarar junto a Álvarez Conde para el próximo 6 de junio a doce testigos, entre ellos los profesores Clara Souto, cuya firma aparece en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM), Alfredo Allué, que dijo que pudo haber sido falsificada su firma y Laura Nuño, la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público; además de a nueve alumnos.
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El juzgado investiga el presunto delito de falsedad documental al admitir a trámite una querella por presunto delito de falsedad documental de una catedrática de Derecho Constitucional que aparece en un acta de convalidación de asignaturas. Se trata de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, Angela Figueruelo, y cuyo nombre aparece en un acta de convalidación de asignaturas en el máster de Derecho Autonómico de Cifuentes y que sostiene que ella "nunca intervino" en ese proceso y que su firma fue falsificada.
La magistrada, según explica el TSJM, ha incoado diligencias previas si bien ha "inadmitido" la querella contra la Universidad Rey Juan Carlos y contra el Instituto Universitario de Derecho Público al no incardinarse la falsificación documental dentro del catálogo de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas, ya que la responsabilidad penal de éstas sólo se produce en determinadas conductas penales donde así expresamente se estipula.
De forma simultánea, el Juzgado solicita al Instituto Universitario de Derecho Público de la URJC que remita antes del próximo 5 de junio los originales de las actas extendidas en Madrid en 24 de mayo de 2012 correspondientes a la reunión de la Comisión de Garantías de Calidad del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico para la convalidación de las tres asignaturas objeto del presente procedimiento.
A su vez, pide la documentación administrativa correspondiente a la participación de Ángela Figueruelo Burrieza en el Máster de Derecho Público del Estado Autonómico y, en relación con el curso académico 2011-2012, el listado de los alumnos que cursaron el Máster y copia del expediente académico de todos los citados alumnos.
La Fiscalía se inhibe en favor del juzgado
Por su parte, la Fiscalía de Área de Móstoles ha remitido a dicho juzgado las diligencias de investigación penal abiertas a raíz de las primeras denuncias sobre presuntas alteraciones materiales de los documentos, actas y expedientes del máster del Instituto de Derecho Público que cursó la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Este juzgado, según ha informado el Ministerio Público, ya investiga el caso al admitir la querella de la catedrática de la Universidad ed Salamanca. Las diligencias de investigación penal fueron incoadas y acumuladas por la Fiscalía de Área de Móstoles, poco después de ser presentadas ante el Fiscal por un grupo de alumnos y por el propio Rectorado.
En la denuncia de los alumnos, que se presentó en marzo ante el Ministerio Público, solicitaba que se investigara si pudo haber delito de prevaricación y falsificación de documento público y pedían que Cifuentes acudiera a declarar en calidad de investigada.
Por su parte, la URJC trasladó documentación a la Fiscalía para que investigara presunta comisión de delitos tras la declaración de una docente Alicia López de los Mozos en el marco de la información reservada abierta por este caso en la que decía que la firma que aparecía en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta no era su rúbrica. A su vez, el director del máster indicó que ese acta era una reconstrucción y que se le remitió al rector por presiones.
El Fiscal ha dictaminado que estos hechos pueden tener relación de identidad con los que ya se investigaban en la Fiscalía de Área de Móstoles, según ha informado el Ministerio Público.
En este sentido, del desarrollo de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Fiscal en Móstoles no se ha podido determinar de manera "concluyente" el lugar de comisión del delito, por lo que no se excluye la posibilidad de que se hubiera cometido en la sede del Instituto de Derecho Público de Vicálvaro.
Por lo tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ("cesará el Fiscal en su diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos") la Fiscalía de Área de Móstoles ha acordado archivar "por duplicidad" las diligencias de investigación penal abiertas y remitirlas al juzgado número 51 de Madrid.