La Guardia Civil investiga si el expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, cobró presuntamente cantidades millonarias por medio de testaferros y las habría escondido en paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay para repatriarlas años después a España. Según fuentes cercanas al caso, los agentes analizan más de diez millones de euros en operaciones ramificadas en al menos dos paraísos fiscales con la sospecha de que, entre ellas, se movió dinero perteneciente en realidad al exministro de Trabajo y exportavoz del Partido Popular en el Congreso. Un dinero que habría llegado después a su entorno personal en forma de pagos a terceros e inversiones en suelo español.
Por eso, según explican las mismas fuentes, entre los principales investigados del caso se encuentran tres de las personas de confianza de Eduardo Zaplana: Mitsouko Henríquez, secretaria personal del exministro, Francisco Grau, economista y especialista financiero cercano al expresidente autonómico y Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete de Zaplana mientras era el máximo responsable de la Comunidad Valenciana. Además, la Guardia Civil ha comunicado a la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, su condición de investigada. También al exdirector general de la Policía y exconseller Juan Cotino.
El listado se completa con varios empresarios que supuestamente participaron en las dos operaciones públicas investigadas: la concesión de las ITV valencianas en 1997 y el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, aprobado en 2001.
Zaplana guardaba Panamá, Uruguay y otros paraísos fiscales cerca de 10,5 millones de euros
Fuentes cercanas al caso explican que los investigadores trabajan con cautela sobre la cuantía atribuida a Zaplana y la procedencia real de los fondos, ante la posibilidad de que parte del dinero sea en realidad titularidad de terceros. Lo que sí parece más acreditado, a falta de analizar la documentación que se está incautando en los registros en marcha, es que el expresidente autonómico habría disfrutado de parte de esos fondos o los habría utilizado para realizar inversiones, bien a título personal o bien a nombre de personas de su confianza ya en España.
Según el Registro Mercantil, la principal actividad empresarial de Zaplana se centraliza en una sociedad llamada Decuria Consulting, abierta en 2008 y domiciliada en el Paseo de la Castellana de Madrid. La firma presenta una facturación mucho menor que las cantidades investigadas y una pequeña inversión en una firma llamada Atalaya, dedicada a los establecimientos deportivos, emprendida hace años.
En el transcurso de la investigación, el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado además el embargo de los dos vehículos que utilizaban tanto el político popular como su familia.
En todo momento y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la familia de Eduardo Zaplana ha mostrado su preocupación por el estado de salud del exministro, aquejado desde hace años de una grave enfermedad, de la que ha sido intervenido en varias ocasiones y de la que permanece todavía en tratamiento.