Cuando Albert Rivera señala la marginación del castellano en las escuelas catalanas como prueba de que el 155 -tal y como se ha aplicado- no ha servido para garantizar los derechos básicos en esa Comunidad Autónoma, pone el foco no sólo en la vulneración de las leyes y sentencias por parte de la Generalitat, sino también en la connivencia del Gobierno de la nación con el rodillo nacionalista.
Por eso, la responsable del área de Educación en Cs, Marta Martín, ha registrado dos preguntas en el Congreso cuya sola formulación es un reproche a la complicidad y dejadez del gabinete de Íñigo Méndez de Vigo a la hora de garantizar el 25% de horas lectivas mínimas en castellano en los colegios de Cataluña.
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“¿Tiene el Gobierno pensado llevar a cabo alguna medida para inspeccionar los proyectos lingüísticos de los centros educativos en busca de aplicar las sentencias judiciales que fijan el 25% de horas lectivas mínimas de lengua castellana como el mínimo exigible? ¿Por qué no ha facilitado el Gobierno, como responsable de enseñanza actual en Cataluña, los proyectos lingüísticos?”.
Recurso de amparo en el Parlament
Ambas preguntas tienen como origen la reciente negativa de los servicios territoriales de Educación catalanes a facilitar a la diputada de Cs en el Parlament Sonia Sierra los proyectos educativos de los colegios, donde se concreta el porcentaje de horas lectivas en Castellano. Como toda respuesta, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat envió a la diputada de Cs el enlace de la web oficial donde aparece el mapa escolar, por lo que el portavoz del grupo parlamentario naranja, Carlos Carrizosa ha solicitado un recurso de amparo.
Preguntada por EL ESPAÑOL, la diputada catalana Sonia Sierra ha explicado que su partido cree “que los ciudadanos deben saber el número de centros escolares de Cataluña en los se imparten clases en español y en inglés, así como la proporción que se dan materias en esas lenguas. Sorprende que en un momento en el que el Departament d’Ensenyament depende del ministro de Educación -añadió- no se nos proporcione esa información y por eso hemos solicitado un recurso de amparo en el Parlament de Cataluña y, a la vez, hemos pedido esos datos en el Congreso”.
Más dura ha sido Marta Martín, para quien “que haya opacidad y falta de transparencia por parte del nacionalismo no es ninguna sorpresa, lo mismo nos hemos encontrado en la Comunidad Valenciana y en Baleares donde por cierto la imposición lingüística se está llevando a cabo de la mano del PSOE. Lo que nos sorprende -advirtió- es que el PP sea cómplice de todo y no quiera ni saber: hay que recordar que el conseller de educación en estos momentos es el ministro y es él quien tiene que conocer y dar a conocer los datos que le pedimos".
La cuestión lingüística -la marginación del castellano en la enseñanza y el uso de las lenguas cooficiales con voluntad corporativa y divisoria- se ha convertido en un frente político de nacionalistas y la izquierda en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra y Asturias -donde el bable resurge por decreto. Cs quiere abrir un debate a nivel nacional sobre esta cuestión.