Investigan si dinero público para reforestar el Amazonas acabó financiando el procés

“Llevamos el nombre del único colina de Sarajevo que no fue ocupado por el ejército y las milicias serbias durante el asedio que sufrió la capital bosnia”. Esta era la introducción con la que se presentaba la ONG catalana Igman Acción Solidaria, con proyectos de cooperación y desarrollo en diferentes partes del mundo. Igman y la asociación CATmon compartían algunos de sus principios: la expansión de planes de ayuda en lugares recónditos y necesitados, las estructuras organizativas… ahora, ambas están bajo el foco de la investigación de la Policía. Los investigadores creen que parte de los 10 millones que recibieron en subvenciones entre 2011 y 2015 habría terminado financiando el proceso independentista.

Fuentes de Interior afirman que bajo el foco de la investigación están “todas las operaciones financieras” de ambas ONG. Eso incluye el dinero destinado a los proyectos de cooperación. Sospechan que algunas de las partidas pudieron inflarse -o haber falsificado los recibos- para poder desviarlas a la financiación del procés. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apunta a que se habrían derivado al menos dos millones de euros, si bien la cifra puede ser mayor cuando se analicen al pormenor todas las cuentas.

Nada se escapa a la lupa de los investigadores. Entre las cuentas de las ONG figuran sus proyectos en el exterior: un proyecto educativo en la región congoleña de Shabunda subvencionado desde el erario catalán; un plan de reforestación en la Amazonía peruana; estructuras de ayudas sociales a los sectores más pobres y desfavorecidos en el estado mexicano de Chiapas; estrategias de actuación desde Bosnia hasta el Magreb y África subsahariana.

Francesc de Dalmases i Thió, diputado de Junts per Catalunya tras las elecciones de 2017, era el presidente de Igman Acción Solidaria. En una carta publicada en el diario Ara titulada Veinte años después, ¿Srebrenica nunca más?, planteaba las penurias que habían pasado las familias en Bosnia, uno de los escenarios en los que desarrollaba su labor la ONG Igman Acción Solidaria, de la que era presidente.

500 agentes en el dispositivo

Dalmases es uno de los investigados en el marco de la operación Estela, explotada este jueves en diferentes puntos de Cataluña, con las dependencias de la Diputación de Barcelona -desde donde salieron las subvenciones- como epicentro de los 14 registros de la UDEF. En total, 500 agentes de Policía participaron en el dispositivo, en el que fueron detenidas 29 personas.

Una de ellas es Jordi Castells Masanés, exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. Castells dimitió a mediados de 2015 tras la publicación de varias noticias en prensa que le acusaban de repartir más de un millón de euros de cooperación al desarrollo entre empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro. Diferentes organizaciones y partidos -desde el sindicato CGT hasta la CUP- presentaron denuncias en la Oficina Antifraude de Cataluña por posibles irregularidades.

La Policía -según anunció en un comunicado- detuvo además al expresidente Diputación, Salvador Esteve Figueras; al actual alcalde de Tordera y Diputado Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información de la Diputación, Joan Carles García Cañizares; al socio del actual Parlamentario Francesc Dalmases i Thió, Víctor Terradellas Maré, quien fue Secretario de Relaciones Internacionales de CDC, así como otros directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas.

El ciclo del dinero

Todos ellos formarían parte de un entramado que desvió el dinero de estos proyectos de cooperación a la financiación del procés, sospechan los investigadores. “Los análisis realizados por los investigadores de la Policía Nacional revelan que el dinero de las subvenciones transitaba, presuntamente, de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN, CATmon y la sociedad mercantil DISCATIMAT S.L., para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o para terminar en cuentas personales de los investigados”, detalló la Policía.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.