El PP respira por la herida desde que Pedro Sánchez arrebató la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy gracias al PNV. El miércoles pasado la posibilidad de que los populares aprovechasen su mayoría absoluta en el Senado para enmendar las cuentas públicas y retirar inversiones comprometidas en el País Vasco se deslizó en los corrillos para disuadir a los nacionalistas vascos.
El viernes, sin embargo, con Pedro Sánchez ya convertido en presidente, y con Mariano Rajoy derrotado, la amenaza fue tomando cuerpo. El domingo, la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, adelantó que el PP impulsaría aquellas enmiendas que considerase "oportunas". Y este lunes, han sido los portavoces en ambas Cámaras, Rafael Hernando (Congreso) y José Manuel Barreiro (Senado) quienes han ratificado la intención de su partido de corregir -"mejorar"- el Presupuesto que ellos mismos impulsaron hace sólo una semana para hacerle pagar al PNV su traición.
Los nacionalistas vascos se dan por enterados y han acusado al PP de estar dispuesto a "castigar a la sociedad vasca" por "venganza". En el PSOE ponen el foco en la contradicción que supondría que el PP enmendase sus cuentas. Podemos, Bildu, PDeCAT y ERC han presentado vetos a la totalidad. Y en Cs aguardan a conocer las correcciones del PP para apoyarlas "si redundan en el interés general, pero no por ánimo vengativo", según avanzaba el secretario general, José Manuel Villegas.
La Alta Velocidad, en el aire
El PP ha pedido ampliar una semana el plazo para registrar estas enmiendas y, como tiene mayoría en la Mesa de la Cámara Alta, la prórroga está servida. A expensas de que el Comité Nacional del PP, que se reúne este martes, fije posición y defina hasta dónde llevan los populares su revanchismo, las inversiones comprometidas que corren riesgo de ser modificadas ascienden a un total de 540 millones.
Aunque la construcción del AVE vasco depende de inversiones plurianuales, la precariedad del Gobierno hace pensar que Pedro Sánchez lo tendrá muy difícil -por no decir imposible- para aprobar el techo de gasto, es decir: no es descabellado pensar que estos presupuestos prestados sean los últimos que pueda gestionar Sánchez antes de convocar elecciones.
En el Proyecto de Presupuestos presentado hace un mes -y aprobado en la Cámara Baja hace menos de dos semanas-, el Gobierno previó destinar inversiones por 509 millones al País Vasco, frente a los 385 millones aprobados en 2017. Luego el PNV, durante el debate de enmiendas en la Cámara Baja, logró incluir una pedrea de 40 millones a cambio de esos cinco votos que Rajoy necesitaba para asegurarse -eso se creía entonces- que podría agotar la legislatura.
Esas cuentas prevén 306 millones para completar la red ferroviaria de alta velocidad, un proyecto cuya finalización debería producirse en 2023 siempre que las inversiones plurianuales previstas no decaigan.
También 40 millones para subvencionar una rebaja en la factura eléctrica de las industrias vascas; 65 millones para I+D+i con especial atención (50 millones) a los vehículos eléctricos; 4,2 millones para mejoras en el puerto de Pasajes (Guipúzcoa; 3,5 millones para modernizar la terminal del aeropuerto de Foronda; y otras partidas para mejoras en el aeropuerto de Bilbao, la Ertzaintza e infraestructuras menores como arreglar la barandilla de la Playa de la Concha en San Sebastián.
El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha asegurado a última hora de este lunes que "lo que ha visto publicado no se corresponde a la verdad", en alusión a la atención lógica que ha despertado el anuncio de enmiendas y su efecto sobre las inversiones territoriales vascas. El problema es que la escalada de amenazas ha ido demasiado lejos como para que el PP se retracte sin caer en el ridículo.
El futuro de las enmiendas
El asunto de las enmiendas a cuentas públicas de 2018 se complica además por la complicada situación política actual: el PP puede enmendar cuanto quiera en el Senado, pero sus enmiendas caerán en saco roto en el Congreso si no tiene en quién apoyarse. Este problema podría salvarse redireccionando las partidas inversoras a territorios con partidos autóctonos, pero si algo puede ser más rocambolesco que ver al PP enmendándose a sí mismo en el Senado, es que lo haga apoyándose en el Congreso en el formaciones nacionalistas y separatistas.
En este sentido, el responsable de política fiscal de Cs, Paco de la Torre, insistía -en declaraciones a EL ESPAÑOL- en que "el dinero público debe invertirse con criterios de interés general, pero no por venganza". Además, recordaba que si bien "el PP es el único que puede aprobar enmiendas en el Senado, si no éstas enmiendas no son ratificadas en el Congreso, no sirven de nada".
La situación es peliaguda y obliga al PP a meditar sus pasos para no aparecer ante sus votantes como un partido atolondrado y desnortado tras haber perdido el poder.