Coches de la Guardia Civil a la entrada del Ayuntamiento de Girona.
La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Girona por un caso de fraude en la gestión del agua
- Están previstos tres requerimientos de documentación a los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt.
- El ESPAÑOL adelantó en junio de 2017 que la Agencia Tributaria estaba investigando el saqueo del agua en el Ayuntamiento de Girona en la época de Carles Puigdemont como alcalde.
La Guardia Civil ha entrado en el Ayuntamiento de Girona junto con la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto caso de fraude por la gestión del agua de Girona. En el día de hoy hay previstos tres requerimientos de documentación a los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt en virtud de la investigación que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción 2 de Girona relacionada con la gestión de la empresa Mixta Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter.
Como adelantó EL ESPAÑOL en junio del año pasado, la Agencia Tributaria estaba investigando el saqueo del agua en el Ayuntamiento de Girona en la época de Carles Puigdemont como alcalde. La empresa que gestiona el agua tanto en Girona como en otros dos ayuntamientos habría detraído cerca de un millón de euros anuales. Esta operativa, con incalculables irregulares, comenzó hace quince años con los antecesores de Puigdemont y éste lo perpetuó.
El informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL refleja cómo el “amaño” para facturar cada año ocho millones de euros públicos y falsear las cuentas de una empresa mixta participada por el Ayuntamiento, Agissa, se perpetuó en la época en la que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ejercía como alcalde.
El documento analizaba la facturación de la sociedad mixta Agissa, participada tanto por una empresa privada (Girona SA, controlada por el empresario Narcís Piferrer) como por tres ayuntamientos (Girona, Salt y Sarrià de Ter). La empresa nació en 1992 para asumir el suministro de agua de los tres municipios catalanes y según los técnicos de Hacienda, desde entonces, ha falseado sus cuentas para favorecer a la empresa privada y perjudicar, con conocimiento de los propios ayuntamientos, a sus habitantes.
