Cs en el Parlament de Catalunya registró el 20 de abril sendas solicitudes de documentación, dirigidas a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, TV3 y Catalunya Ràdio, para conocer qué “actuaciones, decisiones y acuerdos” habían adoptado para garantizar que en los medios públicos catalanes no se promovía el referéndum ilegal del 1-O.
Villegas unidad de acción constitucionalista
Cs basaba estas peticiones de documentación en un requerimiento expreso del Constitucional, de septiembre de 2017, en el que instaba a impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiese ignorar o dejar sin efecto la suspensión del referéndum ilegal del 1-O. Pues bien, el pasado 29 de mayo, el presidente de la Corporació -el ente público que gestiona los medios públicos catalanes-, Brauli Duart, contestó a las tres solicitudes que “no consta ningún acuerdo adoptado en relación al mencionado requerimiento del TC”.
Este no consta, elevado a respuesta parlamentaria, es el remate de la política de promoción del 1-O, sin que este empeño propagandístico y de constante desafío a la legalidad haya tenido consecuencias de ningún tipo. Ni siquiera durante los seis meses de intervención del autogobierno merced a un 155 que no llegó a TV3.
El diputado de Cs en el Parlament David Mejía, en declaraciones a EL ESPAÑOL, ha advertido de que “este reconocimiento de que TV3 y los medios públicos catalanes desoyeron al Constitucional, al igual que la ocupación del espacio público y de las instituciones de símbolos separatistas, son pruebas más que evidentes de que el Gobierno tiene que aprobar ya otro 155 antes de que las cosas vayan más lejos”.
Albert Rivera ha pedido reiteradamente a Pedro Sánchez que se siente a hablar con ellos de la aprobación de otra intervención de la Generalitat, después de que sus pronunciamientos a favor de la extensión y endurecimiento del anterior 155 cayeran en saco, con Mariano Rajoy como presidente, tras formación del nuevo Govern.
Ante quienes dudan sobre la viabilidad constitucional de aprobar un “155 preventivo”, David Mejía asegura que “hay ya actuaciones concretas que justifican un 155 sin dilación”. La contestación, entre altanera y despreciativa, de la Corporació al partido que ganó las elecciones el 21-D, se ha conocido a la vez que el Govern Torra anunciaba la apertura de nuevas embajadas catalanas en el exterior. Las mismas (y con idéntico cometido) que PP, PSOE y Cs acordaron clausurar en aplicación del 155 y que ahora el ministro Josep Borrel dice que “no se pueden cuestionar”.
"Malversación de caudales"
El desdén en las contestaciones parlamentarias no es delito. Pero como tono de un escrito en el que los organismos y entidades públicas aludidas se jactan de no haber hecho nada por cumplir los requerimientos del Tribunal Constitucional, sí pueden quizá ser indicios de desobediencia premeditada. Así lo entiende Cs.
Cuando -además- esa desobediencia ha tenido como contrapartida el gasto del dinero de todos para actos ilegales, el asunto puede ser considerado “malversación de fondos públicos”. Cs va a estudiar qué actuaciones concretas adoptar, “sin descartar ninguna”.