Pedro Sánchez ha decidido mantener su compromiso de sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero ni lo hará de forma urgente ni lo acompañará de las otras medidas de gran alcance propuestas por su partido hace tan solo unos meses, cuando estaba en la oposición.
"Haremos una sola cosa en esta legislatura", asegura un ministro en conversación con EL ESPAÑOL respecto al Valle de los Caídos y la exhumación de Franco. La medida tendría por sí sola una gran trascendencia simbólica, así como un enorme impacto mediático. Eso es exactamente lo que Sánchez busca en un mandato de una duración limitada en el que, de todas formas, tampoco habría tiempo suficiente para acometer reformas de más calado en el Valle de los Caídos.
La exhumación de Franco es una de las medidas que el PSOE lleva años reivindicando. Lo hace incluso desde el final de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el Gobierno encargó un informe a una comisión de expertos que recomendaba el traslado de sus restos mortales y la resignificación de todo el recinto para consagrarlo a la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil, fuesen del bando republicano o del nacional.
Sánchez sacará a Franco de su tumba pero no tocará el Valle de los Caídos hasta las elecciones
Desde que hace un año Sánchez volvió al timón del PSOE prometiendo recuperar el espíritu de izquierdas del partido, los esfuerzos se multiplicaron desde Ferraz. En mayo, el Congreso aprobó una resolución instando al Gobierno a retirar a Franco, en un prominente lugar en la basílica del recinto. La iniciativa contó sólo con la abstención del PP y ERC, por lo que el Ejecutivo no sólo tiene la intención de trasladar al dictador. Está conminado a ello por el Congreso.
La ambiciosa propuesta del PSOE en la oposición
En diciembre, el PSOE registró una proposición de ley que reformaba la Ley de Memoria Histórica, de 2007. El texto no sólo incluía la exhumación de Franco sino el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, la exhumación de los más de 33.000 cuerpos que reposan en fosas comunes y la reconversión del recinto en un "centro nacional de Memoria". El propio Sánchez presentó la propuesta en Paterna (Valencia), ante un paredón de fusilamiento y fosas en las que se trabaja para identificar a las víctimas.
La propuesta era muy amplia y no se limitaba a la exhumación de Franco sino la de todas las víctimas de la Guerra Civil. Sólo en el Valle de los Caídos hay 33.000, pero la cifra total podría ascender a 100.000 en toda España, según diversos estudios. La iniciativa incluye la creación de un banco de ADN, la restitución de bienes expropiados y concesión de pensiones, entre otras iniciativas, que llevaron al Ministerio de Justicia, cuando lo dirigía Rafael Catalá, a estimar en 213 millones el coste total, como adelantó este periódico. Por ese motivo, el Gobierno del PP vetó la tramitación de la iniciativa y esta no llegó ni a debatirse en el Congreso.
Sin plazos ni alcance en el Gobierno
Ahora, el nuevo Gobierno tendrá que decidir cómo quiere abordar las actuaciones en el Valle de los Caídos y, de forma más global, la memoria histórica. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró este lunes que su Departamento hará un "estudio jurídico profundo" para dar "respuesta legal" a todas estas cuestiones, pero no anticipa qué tipo de medidas se propondrán al Consejo de Ministros.
Si en los últimos días la expectación creció en cuanto a la posibilidad de que Franco fuera exhumado con urgencia, este lunes Sánchez se encargó de enfriar esa posibilidad. En la Ejecutiva del PSOE expresó su compromiso de cumplir con el traslado de los restos de Franco, pero no comprometió fecha alguna.
"¿Es urgente? No. Lo que creemos es que es el momento", dijo el portavoz del PSOE, Óscar Puente, en rueda de prensa. El PSOE quiere actuar en el Valle de los Caídos "en el plazo más breve posible", pero la estrategia corresponderá a Justicia y, en último término, a Moncloa.
Incomodidad en Moncloa
Desde Moncloa hay cierta incomodidad con el debate sobre el Valle de los Caídos, que Sánchez no quería abordar en las primeras semanas de mandato y que ha sido suscitado por algunos dirigentes del PSOE. "Pero el PSOE no le va a marcar la agenda al Gobierno. El grupo parlamentario no volverá a presentar su proposición de ley vetada por el PP, aunque podría. Le corresponde al Gobierno marcar los tiempos", explican desde Ferraz.
"Estamos estudiándolo, pero es imprescindible que las actuaciones se hagan con seguridad jurídica", explican fuentes de Justicia. "En este momento estamos estudiando de forma global las actuaciones y posibilidades en materia de memoria histórica. Queremos actuar pronto, pero hacerlo bien", explican.
En cualquier caso, más allá de las posibilidades técnicas u operativas, en Moncloa se trabaja ya con la planificación de que sólo se sacará a Franco del mausoleo sin acometer la mayoría de las demás medidas, de mucha mayor ambición, que tendrían que quedar para después de unas nuevas elecciones de las que el PSOE espera obtener una mayoría.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, también anunció que el compromiso del PSOE, pero lo limitó a la resolución del Congreso del año pasado, mucho menos ambiciosa que la proposición de ley de su propio partido, que nunca se llegó a proponer. "Daremos cumplimiento a lo que el Congreso ya decidió que se hiciera", dijo Calvo.